La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio media sanción a un proyecto que amplía categorías de protección y modifica criterios probatorios. Pasa al Senado.
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto de ley impulsado por el vicepresidente primero del cuerpo, Alexis Guerrera, destinado a reforzar las herramientas contra los actos de discriminación y agilizar la respuesta judicial ante este tipo de denuncias.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la iniciativa busca actualizar en territorio bonaerense los criterios establecidos por la Ley Nacional Antidiscriminación, sancionada en 1988, y establecer un marco provincial específico para la protección del derecho a la igualdad y la prevención de conductas discriminatorias.
El proyecto obtuvo el aval de Diputados y ahora deberá ser tratado por el Senado bonaerense para completar su trámite legislativo.
La propuesta amplía las categorías contempladas para determinar la existencia de discriminación e incorpora, entre otras, el color de piel o etnia, origen nacional y social, situación migratoria, lengua o idioma, edad, estado civil, situación o responsabilidad familiar, trabajo u ocupación, discapacidad, condiciones de salud, perfil genético, situación o antecedentes penales y hábitos personales, sociales o culturales.
Uno de los principales cambios está relacionado con la producción de pruebas en los procesos judiciales. La iniciativa establece que la persona denunciante deberá acreditar los hechos que considera discriminatorios, mientras que la parte demandada tendrá que aportar una justificación objetiva, razonable y suficientemente probada sobre su conducta y demostrar su carácter no discriminatorio.
De acuerdo con el texto, una vez acreditado el hecho denunciado y cuando quien demanda pertenezca a un grupo históricamente discriminado, podrá presumirse la existencia de discriminación. Esa presunción podrá ser desvirtuada por la parte demandada mediante la demostración de la razonabilidad y legitimidad de su acción u omisión.
Durante el debate en el recinto, Guerrera, dirigente del Frente Renovador, sostuvo que la iniciativa responde al contexto político y social del país y cuestionó la naturalización de expresiones y conductas discriminatorias.
“Sin igualdad real no hay ciudadanía plena, no hay comunidad posible”, afirmó el legislador, quien consideró que actualmente existen dificultades para investigar y sancionar este tipo de hechos.
“Frente a la violación de estos derechos, los organismos competentes suelen tratarlos como derechos de segunda categoría y se archivan porque nadie tiene la obligación específica de investigarlos, con víctimas a las que se les exige probar lo imposible”, planteó.
Guerrera señaló además que la iniciativa pretende enviar “un mensaje político” respecto de los límites frente a la discriminación en territorio bonaerense.
“En la Provincia no podemos tolerar que se naturalice el destrato, la humillación. No lo queremos para este presente ni para ningún futuro”, expresó.
El diputado también advirtió sobre discursos políticos que, según consideró, buscan instalar prácticas discriminatorias y sostuvo que las experiencias históricas de persecución y segregación comenzaron con conductas inicialmente toleradas.
“No quiero ser cómplice de eso. No me pienso resignar a aceptar que discriminar, señalar al otro o burlarse de las diferencias sean cuestiones destacables”, concluyó.