La Municipalidad de La Calera brindó su versión oficial sobre la demanda presentada por la empresa LWK Ingeniería y Servicios SA (Landwork), en el marco del conflicto por la ocupación de lotes sin habilitación y el incumplimiento de normativas ambientales en el barrio Cuesta Colorada.
El asesor letrado de la Municipalidad de La Calera, Agustín Anglada Allende, explicó la posición del municipio en el conflicto judicial con la empresa LWK Ingeniería y Servicios SA, conocida comercialmente como Landwork, que presentó una demanda contra la comuna.
Según el funcionario, la firma se encuentra en una situación irregular, ya que ocupa una superficie mayor a la declarada y no cumple con normativas ambientales en una zona de perfil residencial.
Uso de suelo y falta de habilitación
El municipio detectó que la empresa ocupa entre nueve y once lotes en un sector frente al ingreso del country Lomas de la Carolina. Al solicitar la habilitación comercial, la firma declaró solo dos de esos lotes. “Se los emplazó para que acreditaran en calidad de qué tenían el resto de los lotes porque era un requisito para la habilitación, y nunca continuaron el trámite”, señaló Anglada Allende, quien remarcó que actualmente la empresa no cuenta con habilitación vigente.
El municipio fundamenta su postura en el perfil del barrio Cuesta Colorada, donde el 95% de las viviendas son familiares. El asesor defendió la validez del Decreto Reglamentario 70/25, argumentando que la cuestión urbanística es atribución exclusiva del Departamento Ejecutivo y no requiere permiso del Concejo Deliberante para reglamentar una ordenanza existente sobre usos prohibidos.
Denuncia penal por rotura de fajas
Otro punto del descargo municipal se refiere a la clausura del predio realizada a mediados de este año por falta de habilitación. Anglada Allende afirmó que la empresa habría tenido una “actitud beligerante” y que rompió las fajas de clausura para reingresar al predio. “Ellos rompen la faja, entran, y ahí el Juzgado de Faltas tiene la obligación de hacer una denuncia penal por incumplimiento de orden judicial”, confirmó el letrado, detallando que la causa está radicada en la Unidad Judicial de La Calera.
Impacto ambiental y quejas vecinales
El municipio justificó las restricciones impuestas mediante el decreto, señalando que se busca prohibir actividades que afectan el entorno residencial, como el acopio de áridos, restos de poda, baños químicos y basura. El asesor mencionó que existen numerosas quejas de vecinos por el impacto ambiental y el tránsito de camiones en la zona.
Desde la gestión municipal se indicó que, a diferencia de Landwork, otras seis empresas del sector han iniciado procesos de reordenamiento o traslado, buscando una solución sustentable para la radicación industrial fuera de los cascos residenciales.