Un grupo de empleados de la cadena de gimnasios Exen, clausurada tras una investigación por presunto lavado de activos, presentó ante la jueza federal de Resistencia la posibilidad de reabrir algunas sedes mediante una intervención judicial. La medida busca sostener alrededor de 80 puestos de trabajo mientras avanza la causa penal.
La investigación federal por presunto lavado de activos vinculada a la cadena de gimnasios Exen, que derivó en allanamientos, detenciones y el cierre de sus sucursales en Chaco y Corrientes, abrió un nuevo frente: el futuro laboral de decenas de empleados que quedaron sin actividad tras los procedimientos judiciales.
Este martes, la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, recibió a un grupo de trabajadores y a sus abogados. Durante el encuentro se planteó la posibilidad de avanzar con una medida cautelar para reabrir al menos algunos gimnasios mediante una intervención judicial, de manera que puedan volver a funcionar sin que los bienes alcanzados por la investigación queden fuera del control del juzgado.
La propuesta aún no fue presentada formalmente y la magistrada no anticipó su resolución ante un eventual pedido. El abogado Ignacio Sinkovich, que representa a los empleados, explicó que el objetivo inmediato es encontrar una alternativa que preserve unos 80 puestos de trabajo mientras continúa la investigación penal contra los responsables de la cadena.
“Son 80 familias”, señaló el letrado al término de la reunión. Según sostuvo, los empleados son ajenos a las maniobras que investiga la Justicia y quedaron alcanzados por las consecuencias económicas del cierre. “Tienen que pagar cuentas, alquileres, tienen hijos a cargo y están desesperados”, describió.
La propuesta para reabrir los gimnasios
La alternativa que estudian los representantes de los trabajadores consiste en solicitar que la Justicia designe a una persona para administrar temporalmente la actividad comercial. “Estamos evaluando la posibilidad de plantear una medida cautelar, de plantear que se abra con intervención judicial, continuar las distintas sedes”, explicó Sinkovich.
No todas las sucursales se encuentran en las mismas condiciones. Según la información que manejan los trabajadores, algunas instalaciones del interior chaqueño y de Corrientes habrían quedado sin parte de su equipamiento después de los allanamientos. En cambio, los locales ubicados en el Gran Resistencia conservarían las máquinas necesarias para retomar la actividad.
El equipamiento ya fue identificado e inventariado dentro de la causa, por lo que una eventual reapertura tendría que compatibilizar el funcionamiento comercial con las medidas judiciales vigentes sobre esos bienes.
La idea, explicó el abogado, podría implementarse de manera gradual: comenzar con una o dos sedes que estén en condiciones de operar y posteriormente evaluar la apertura del resto. “El hambre no espera”, resumió Sinkovich al explicar la urgencia del planteo.
Qué implicaría una intervención judicial
La propuesta no supone devolver los establecimientos a la administración que tenían antes de los operativos. Una eventual intervención judicial permitiría que una persona designada por el juzgado quede a cargo de la gestión o supervise la actividad mientras continúa la causa por lavado de activos. De esa manera, los gimnasios podrían generar ingresos y sostener empleos sin que los bienes investigados salgan del alcance de la Justicia.
Según explicó Sinkovich, las máquinas secuestradas o individualizadas no podrían venderse ni trasladarse libremente. Incluso determinadas decisiones relacionadas con reparaciones, mantenimiento o gastos podrían quedar sometidas a autorización o información del juzgado. “Al haber una investigación penal en curso, sí o sí va a tener que intervenir la Justicia en monitorear la actividad”, sostuvo.
Niremperger no adelantó posición. El abogado destacó que la magistrada explicó que no podía pronunciarse sobre una cautelar que todavía no había sido presentada. El próximo paso será una reunión entre empleados y abogados para analizar la viabilidad jurídica y operativa del planteo.
Del reclamo en la calle a la audiencia con la jueza
El encuentro se produjo un día después de que trabajadores de Exen se concentraran frente al Juzgado Federal N°1 de Resistencia para reclamar por la continuidad de sus empleos.
Los empleados habían señalado que el cierre afectó directamente a más de 70 trabajadores registrados, además de unos 30 profesores y entrenadores que prestaban servicios dentro de las distintas sucursales.
Durante aquella protesta, varios relataron que se enteraron de la investigación cuando comenzaron los allanamientos del viernes. Algunos estaban dentro de los establecimientos cuando ingresaron las fuerzas de seguridad y permanecieron allí durante varias horas mientras se realizaban los procedimientos.
El reclamo, remarcaron desde el comienzo, apunta a separar su situación laboral de la responsabilidad penal que eventualmente pueda determinarse respecto de los propietarios o administradores de la cadena.
También existe preocupación por los salarios pendientes. Sinkovich afirmó que se buscan alternativas para afrontar los pagos correspondientes al período en curso y, eventualmente, garantizar la continuidad salarial si alguna de las sucursales consigue volver a funcionar.
Por qué la Justicia investiga a Exen
La cadena quedó en el centro de una investigación encabezada por el fiscal general Patricio Sabadini, de la Unidad Fiscal Resistencia, por una presunta maniobra de lavado de activos.
La pesquisa avanzó sobre el patrimonio de un grupo familiar y sus vinculaciones comerciales hasta poner bajo análisis el fuerte crecimiento de Exen, que entre febrero de 2025 y julio de 2026 llegó a desarrollar siete sucursales o proyectos en Resistencia, Barranqueras, Pampa del Infierno y la provincia de Corrientes.
Uno de los puntos investigados es la capacidad económica que permitió financiar esa expansión. De acuerdo con la hipótesis fiscal, existiría una diferencia aproximada de US$582.049 entre el valor estimado de parte de las máquinas incorporadas a los gimnasios y la documentación respaldatoria relevada. Esa brecha es considerada uno de los indicios que deberán analizarse para establecer el origen del dinero invertido.
La investigación comenzó a partir de información aportada bajo el régimen del arrepentido y posteriormente sumó otras medidas de prueba. La Fiscalía analiza posibles conexiones entre personas investigadas, actividades comerciales y fondos que podrían tener origen ilícito.
El viernes pasado se realizaron 18 allanamientos simultáneos en Chaco y Corrientes, con participación de aproximadamente 200 efectivos de Gendarmería Nacional y otros 50 integrantes de la Policía chaqueña. Durante los operativos se secuestraron máquinas de gimnasio, vehículos, dinero y documentación. La causa tiene siete personas imputadas por presunto lavado de activos y cinco de ellas permanecen detenidas. La hipótesis de la Fiscalía sostiene que parte del dinero investigado podría provenir del narcotráfico “y/u otros delitos de acción pública”, extremo que deberá ser probado durante el avance del expediente.