Las primeras ministras de Italia y Dinamarca, Giorgia Meloni y Mette Frederiksen, emitieron un comunicado conjunto en el que piden a la Unión Europea una política migratoria más estricta y la creación de centros de repatriación en países externos al bloque.
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y la jefa de Gobierno de Dinamarca, Mette Frederiksen, difundieron un comunicado conjunto en el que expresan su rechazo a la “inmigración descontrolada” y solicitan la creación de centros de repatriación en terceros países como medida para abordar la inmigración irregular. En el texto, ambas dirigentes piden a los socios europeos una política migratoria más dura y un refuerzo de las expulsiones en Europa.
El comunicado, publicado en las redes sociales de Meloni, comienza con la siguiente declaración: “Entendemos que muchos puedan cuestionar nuestra colaboración. Provenimos de posiciones políticas muy diferentes y, desde luego, no coincidimos en todo. Somos las únicas dos mujeres jefas de gobierno en la UE. Una de nosotras dirige un gran país del sur; la otra, un pequeño país del norte. Pero nos une nuestro deseo de defender Europa”.
El texto no menciona explícitamente la situación en Ceuta, pero se produce en el contexto de la emergencia humanitaria en ese enclave español y del consiguiente conflicto diplomático entre España e Italia. Italia estableció controles en aeropuertos y puertos para viajeros procedentes de España, y el Gobierno español, ante la negativa italiana de retirarlos, aplicó una medida similar para quienes lleguen desde Italia.
Roma ha sido una de las capitales europeas que solicitó a la UE la suspensión de España del espacio Schengen. Esa propuesta fue presentada ante las instituciones europeas y contó con el respaldo de varios países, incluidos Dinamarca, Finlandia y República Checa. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se refirió a esta postura en términos críticos.
Meloni y Frederiksen subrayaron en su alianza los “efectos negativos” de la inmigración ilegal descontrolada, que, según ellas, se asocia con un aumento de la tasa de criminalidad, una “creciente presión sobre los servicios públicos” y una “erosión de la confianza pública”. En el comunicado, las mandatarias señalan que su deber es “brindar respuestas concretas a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, y garantizar una mayor seguridad y protección para nuestras comunidades”.
En esa línea, proponen establecer “centros de repatriación en terceros países”, así como otras “soluciones innovadoras” fuera de Europa. Italia ya ha implementado un proyecto de este tipo en Albania, aunque se encuentra bloqueado por los tribunales. El modelo italiano ha despertado interés en algunas capitales europeas, que evalúan replicarlo en países africanos.