El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que incorpora causales para impedir el ingreso y disponer la expulsión de ciudadanos extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra la Nación Argentina o sus símbolos patrios.
El presidente Javier Milei modificó la política migratoria argentina mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que incorpora nuevas causales para impedir el ingreso al país y disponer la expulsión de ciudadanos extranjeros. La medida fue anunciada por la Oficina del Presidente y oficializada a través de un nuevo DNU.
Según la Casa Rosada, la decisión se inscribe dentro de una estrategia destinada a proteger la soberanía nacional frente a una campaña de agresiones contra el país registrada en los últimos meses, particularmente después del Mundial de fútbol de 2026.
El decreto modifica la Ley de Migraciones para establecer que podrán ser rechazados en frontera o expulsados del territorio nacional aquellos extranjeros que «promuevan, inciten o difundan mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por motivos de nacionalidad», así como quienes realicen actos que impliquen el ultraje de los símbolos patrios argentinos.
La normativa aclara que la medida no alcanza a las opiniones, críticas o manifestaciones de carácter ideológico, político, académico o periodístico protegidas por el derecho constitucional a la libertad de expresión.
Entre los pasajes centrales del decreto, el Gobierno establece que constituirá causal suficiente para impedir el ingreso o cancelar una residencia migratoria la promoción de «mensajes de odio, discriminación o violencia contra la Nación Argentina, el pueblo argentino o sus ciudadanos», incorporando además como supuesto específico el «ultraje de los símbolos patrios nacionales».
La redacción dispone que esas conductas podrán ser evaluadas tanto respecto de extranjeros que pretendan ingresar al país como de aquellos que ya posean residencia temporaria o permanente, habilitando a la autoridad migratoria a iniciar el procedimiento de expulsión cuando considere acreditada alguna de esas circunstancias.
La explicación oficial sostiene que la reforma busca preservar «la convivencia democrática, el orden público y la integridad institucional de la República», argumentando que ningún Estado está obligado a admitir o mantener dentro de su territorio a personas extranjeras que promuevan expresiones violentas o discriminatorias dirigidas contra su población.
La nueva disposición se suma a la reforma migratoria aprobada mediante el DNU 366/2025, que ya había endurecido las condiciones de ingreso, permanencia y expulsión de extranjeros. Aquella modificación incorporó requisitos más estrictos para obtener residencia, exigió la acreditación de medios económicos suficientes, reforzó los controles sobre antecedentes penales y amplió las facultades de la Dirección Nacional de Migraciones para cancelar residencias y disponer expulsiones.
Uno de los artículos de la reforma dispone que «el extranjero que ingrese en la República Argentina por un lugar no habilitado a tal efecto o eludiendo cualquier forma de contralor migratorio será pasible de expulsión del territorio». Otro apartado obliga a los poderes judiciales y ministerios públicos fiscales a informar a Migraciones, dentro de los cinco días hábiles, toda resolución de procesamiento firme, requerimiento de elevación a juicio o condena penal dictada contra un residente extranjero.
La reforma también modificó el artículo 63 de la Ley de Migraciones al establecer que la cancelación de determinadas categorías de residencia conlleva automáticamente la expulsión del territorio nacional. Cuando la expulsión tenga fundamento en la comisión de un delito doloso, la consecuencia será una prohibición permanente de reingreso al país. En los casos en que la expulsión no responda a la comisión de un delito, la prohibición de regresar deberá extenderse por un plazo mínimo de cinco años.
Desde el Gobierno sostienen que el nuevo decreto constituye una continuación de esa política de fortalecimiento del control migratorio. La administración Milei afirma que Argentina mantiene abiertas sus puertas a quienes ingresen para trabajar, estudiar o invertir respetando las leyes nacionales, pero considera necesario impedir el ingreso o disponer la expulsión de quienes promuevan conductas consideradas incompatibles con la convivencia democrática.