A un año de la Ley de Emergencia en Discapacidad, las pensiones perdieron nueve puntos frente a la inflación y más de 227 mil solicitudes están pendientes de resolución.
En el Centro de Día que Fundación IPNA tiene en Cañuelas, un grupo de jóvenes y adultos con discapacidad desarrolla actividades como cultivo de huerta, cocina y un café al paso. Alex Goldman, presidente de la institución y representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Caidis), declaró a PERFIL que ese espacio «es un lugar donde construyeron autonomía, vínculos y una rutina para una vida independiente».
Según datos del Indec, entre junio de 2025 y junio de 2026 la inflación fue del 33,5%. Durante ese período, las pensiones por discapacidad pasaron de 283.306 pesos a 352.322 pesos, lo que representa un incremento del 24,3%, es decir, una pérdida de nueve puntos porcentuales en relación con la inflación.
De acuerdo con un pedido de acceso a la información pública realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), más de 227 mil personas aguardan la resolución de su solicitud de pensión. El 72% de ese total inició el trámite antes del 31 de diciembre de 2023, y 90.791 lo hicieron entre enero de 2024 y abril de 2026. Desde CELS indicaron que «entre otorgadas (8.633) y rechazadas (1.741) en más de dos años, la gestión resolvió unas 10.374 solicitudes, mientras acumula 227.354 pendientes».
Diferentes organizaciones, entre ellas CELS y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), enviaron una carta al presidente de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín. En el escrito señalaron que «hogares, centros de día, centros educativos terapéuticos, transportistas y demás prestadores se ven obligados a reducir servicios, endeudarse o cerrar sus puertas ante el profundo atraso de los aranceles y el aumento sostenido de los costos». También mencionaron la derogación del régimen de compensaciones para pasajes gratuitos en transporte de larga distancia.
Pablo Molero, presidente del Foro Permanente de Discapacidad, afirmó que «concretado fehacientemente es que todos los meses se da un aumento a los prestadores según la inflación», aunque la base de esos incrementos está desactualizada. Agregó que la ley estableció una compensación que «al día de hoy, no sabemos cuándo se va a pagar» y que la respuesta suele ser que Economía no libera los fondos. También sostuvo que «hay gente que todavía no ha cobrado enero y ya se debería estar cobrando marzo».
Gabriela Bruno, secretaria de Inclusión para Personas con Discapacidad del Partido Socialista, declaró que en la reglamentación de la ley «no tomaron ninguna medida que le devolviera dignidad a las personas con discapacidad» y que «no reglamentaron ningún mecanismo concreto para financiar el sistema». PERFIL intentó obtener testimonio de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que derivó la consulta a la cartera de Salud, desde donde no se ofreció respuesta.
Goldman remarcó que la ley existe «en el boletín oficial, pero no en la vida cotidiana de miles de familias» y que «el Estado eligió el camino más cómodo: cumplir con lo mínimo indispensable y dejar que el resto se resuelva en tribunales».