La fiscal Patricia Yedró imputó a César Jesús Schmidt por tentativa de homicidio. El hecho ocurrió el 7 de marzo cuando un niño de 12 años recibió una descarga al trepar el portón de la vivienda del acusado.
Un sacerdote enfrenta un pedido de seis años y seis meses de prisión tras el episodio en el que un niño de 12 años, identificado como Esteban Bogado, sufrió una descarga eléctrica al intentar recuperar una pelota de la vivienda del cura en Paraná. La fiscal Patricia Yedró formalizó la imputación contra César Jesús Schmidt por el presunto delito de intento de homicidio, en la audiencia de medidas de coerción ante el juez de Garantías Eduardo Ruhl.
El incidente ocurrió el 7 de marzo en la calle Lamadrid, en la capital de Entre Ríos. Esteban Bogado intentó ingresar al patio de la vivienda tras no recibir respuesta al tocar el timbre, con la intención de recuperar una pelota que había caído dentro del predio. Al trepar el tapial y tomar contacto con la estructura metálica del portón, el niño sufrió una descarga eléctrica que lo inmovilizó durante más de un minuto.
Un vecino que intentó socorrer al menor también resultó afectado por la corriente. Finalmente, una mujer intervino y logró separar al niño del portón utilizando un palo. Esteban fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil San Roque, donde el equipo médico inició maniobras de reanimación y lo ingresó a la unidad de terapia intensiva pediátrica con sedación y asistencia respiratoria mecánica.
El Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de seis años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, pedido que será acompañado por la querella, encabezada por Leopoldo Cappa. La fiscal subrayó como agravante la condición de sacerdote del imputado, señalando que su investidura religiosa implica una expectativa social de comportamiento ejemplar y de especial protección hacia el prójimo.
Entre los elementos incorporados a la causa figura un informe técnico elaborado por la empresa ENERSA, que determinó que la conexión eléctrica no se debió a una falla de la red pública, sino que correspondía a una instalación propia del inmueble. Según la acusación, esa conexión constituía una fuente permanente de energía con capacidad suficiente para provocar la muerte de cualquier persona que entrara en contacto con el tejido metálico.
La fiscalía también pidió medidas cautelares como la obligación de fijar domicilio, la prohibición de salir de la ciudad de Paraná y la exigencia de permanecer a disposición judicial durante la investigación. El juez hizo lugar a estos requerimientos. Actualmente, el sacerdote de 66 años reside en la Residencia Sacerdotal “El Buen Pastor” y durante el proceso se abstuvo de declarar.