Dos gerentes de la Comisión Nacional de Energía Atómica presentaron su renuncia, mientras que nueve notas de funcionarios pidieron la restitución de 24 de los 60 trabajadores desvinculados desde julio.
Tras la comunicación del despido de 60 trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) a partir del 1 de julio, funcionarios en puestos gerenciales entregaron nueve notas que solicitan la reincorporación de 24 de las personas desvinculadas. Además, dos gerentes presentaron su renuncia.
El presidente del organismo, Martín Eduardo Porro, declaró en su cuenta de X: “Ningún operador licenciado, investigador ni personal especializado fue desvinculado. Que quede claro, estamos buscando potenciar la CNEA, no disminuirla”. Fuentes de la comisión indicaron a La Nación que hay áreas virtualmente paralizadas.
Desde la CNEA rechazaron las acusaciones y argumentaron que los trabajadores despedidos son aquellos que “no cumplían tareas técnicas o indispensables”, “no se presentaban a trabajar”, “su trabajo estaba duplicado” o “los gerentes o jefes inmediatos superiores dijeron que podían no contar con sus servicios”. Agregaron que “ningún área crítica está en riesgo” y que “las solicitudes provienen de gerentes de área a quienes se les pidió la renuncia previo a las desvinculaciones por estar en desacuerdo con los lineamientos del Gobierno”.
La situación generó cartas públicas de diversas instituciones, como la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; la Academia Nacional de Ciencias; la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear; y el Consejo Interuniversitario Nacional, que expresaron su preocupación por el Sistema Nacional de Ciencia y Técnica en relación con la CNEA.
Los dos gerentes que renunciaron fueron Juan Manuel Ranalli, del área de Energía Nuclear, y Karina Alejandra Pierpauli, del área de Investigación, Desarrollo y Aplicación. Según miembros de la comisión, entre ambos gestionaban aproximadamente 1400 empleados.
El 30 de junio se comunicaron 60 desvinculaciones mediante la no renovación de contratos, en un operativo que incluyó a la Policía Federal y Gendarmería. Porro explicó que las bajas se aplicaron sobre “un universo de 300 personas contratadas” y que la medida se enmarca en cambios implementados por el gobierno libertario, con el objetivo de “el crecimiento y la modernización de una estructura organizativa que necesita mayor dinamismo en todos sus proyectos”.
Cinco gerencias de la CNEA solicitaron revisar la decisión. La Gerencia de la Central Argentina de Elementos Modulares pidió la reincorporación de 15 personas. También se solicitaron 6 miembros del área de Energía Nuclear, 2 del sector de Seguridad Nuclear y Ambiente, y 1 del área de Desarrollo Tecnológico. Se removieron cargos de ingenieros civiles, de instrumentación y procesos; analistas de seguridad radiológica y ambiental; y personal de limpieza y mantenimiento en laboratorios científicos.
Desde la CNEA afirmaron: “No estamos dispuestos a hacer reincorporaciones por pedidos de gremios. Son contratos de tiempo determinado. Si las autoridades de la CNEA creen que necesitan de sus servicios en el futuro, se volverá a contratar bajo la misma modalidad”. Agregaron que “ningún gremio le dice a esta gestión a quién contratar y a quién no” y que “hay gente en GAEN, Seguridad Nuclear o Carem que presta tareas administrativas, como fue la mayoría de estos casos”.
La Asociación de Trabajadores del Estado ocupó de manera pacífica la sede central de la CNEA tras conocerse los despidos.