El Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que los estados no pueden obligar a los fabricantes de glifosato a incluir advertencias sobre supuestos efectos cancerígenos, respaldando la posición de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA).
Washington (EE.UU.), 25 jun (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos consideró este jueves que los estados del país no pueden obligar a fabricantes de glifosato, herbicida de uso agrícola, a que alerten sobre sus efectos supuestamente cancerígenos, puesto que la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) del país norteamericano no ha establecido que la exposición al producto provoque cáncer.
El fallo supone una victoria para el gigante agrícola Monsanto, que está en el origen del caso, después de que una corte de Misuri condenara a la multinacional a compensar a un demandante que desarrolló linfoma de Hodgkin por no advertir que su herbicida podía causar esta enfermedad.
Monsanto, que fue adquirido en 2018 por el gigante farmacéutico alemán Bayer, alegó entonces que la demanda carecía de base debido a lo que estipula la ley federal de pesticidas (FIFRA, por sus siglas en inglés). Esta norma establece que ningún estado del país puede imponer “requisitos de etiquetado o empaquetado adicionales o diferentes” de los que exige esta misma ley federal.
Con este argumento, el Supremo da la razón al grupo empresarial y revoca la sentencia del estado de Misuri, que obligó al conglomerado a pagar más de un millón de dólares al demandante, que argumentó que contrajo linfoma por estar expuesto a Roundup, la marca de glifosato de Monsanto.
FIFRA no exige indicar en el empaquetado que el glifosato puede ser cancerígeno porque hasta ahora la EPA ha evaluado repetidamente el herbicida y ha concluido que “no es probable” que cause cáncer en humanos.
Este fallo cierra la puerta en la esfera federal de Estados Unidos a los litigios que buscan imponer advertencias de salud distintas de las que haya aprobado la EPA para los pesticidas. A su vez, aunque restringe a los estados la capacidad de exigir etiquetados para este tipo de productos, la sentencia no impide que éstos puedan prohibir o restringir el uso o venta de pesticidas específicos.