El fiscal general Alberto Gentili pidió condenas de entre 3 años y 9 meses y 24 años de prisión para 27 acusados de integrar una red delictiva que operó bajo la fachada de una congregación religiosa durante casi cinco décadas.
El fiscal general Alberto Gentili solicitó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N° 2 de San Martín penas de entre 3 años y 9 meses y hasta 24 años de prisión para 27 acusados de integrar una red delictiva que operó durante casi cinco décadas bajo la fachada de una congregación religiosa. Según el Ministerio Público Fiscal, la organización conocida como “Templo Filadelfia” encubrió una estructura delictiva que captó personas en situación de vulnerabilidad, las aisló del mundo exterior y las sometió a un régimen de trabajo forzado y servidumbre.
La organización tuvo su sede central en San Justo, partido de La Matanza, y se extendió a distintas provincias del país, además de Paraguay y Brasil. Según la reconstrucción fiscal, operó sin interrupciones entre 1972 y diciembre de 2020. Durante ese período, al menos 25 personas fueron víctimas de un esquema que el fiscal definió como de “control absoluto” sobre sus vidas.
El fiscal encuadró el caso en tres delitos principales: asociación ilícita, reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada, todos en concurso real. De los acusados, 18 fueron señalados como coautores y 7 como partícipes necesarios. La figura central de la acusación es Eva Pereyra, de 82 años, a quien el fiscal señaló como cabeza de la estructura y para quien solicitó 24 años de prisión. A los cargos que comparte con el resto de los imputados se suman cuatro casos de abuso sexual, dos de ellos cometidos contra menores de edad al momento de los hechos.
El pedido de Gentili incluyó también el decomiso de 48 inmuebles en Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Córdoba y Río Negro, y de 16 vehículos, identificados como instrumentos o producto de los delitos.
La causa se inició formalmente en mayo de 2019, cuando la fiscal general de La Matanza, Patricia Ochoa, ordenó el arresto de Pereyra en su domicilio de San Justo. La congregación evangélica que dirigía estaba inscripta en el Registro Nacional de Cultos desde 1981. En diciembre de 2020, el fiscal Santiago Marquevich y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) ordenaron 19 nuevos allanamientos y diez pedidos de detención adicionales, tras las declaraciones de nuevas víctimas. Los operativos alcanzaron a Bahía Blanca, Salta, Mendoza y Neuquén. En esa instancia, se confirmó que la red se extendía a Paraguay y Brasil.
En la tercera audiencia del debate judicial que comenzó en 2024, una de las acusadas de 58 años fue la única de los 28 imputados en declarar. Se presentó como víctima y describió décadas de sometimiento desde los 15 años. “Me da miedo expresar en voz alta y ante todos lo que voy a contar; quisiera no ser la única”, afirmó ante el tribunal. Relató que comían una vez al día, dormían en el suelo y entregaban cada peso que ganaban a las líderes del culto. Otra de las víctimas, Julieta, presentó la denuncia en 2018 y contó que vivió en el Templo desde los cuatro años junto a su madre y seis hermanos. “Yo un día me senté a denunciar esto y me enteré de que mi vida había sido una pesadilla”, expresó al concluir su testimonio.