El Congreso de Honduras aprobó una ley que reestructura deudas del sector agrícola, amplía plazos de pago hasta 15 años y destina 100 millones de lempiras para subsidiar el seguro agropecuario. Productores alertan sobre la reducción de siembras y el impacto en el empleo rural.
El Congreso de Honduras aprobó la Ley de Alivio Financiero al Productor del Agro, una norma que readecúa deudas del sector agrícola, amplía plazos de pago hasta por 15 años y prevé recursos para subsidiar el seguro agropecuario. La iniciativa fue impulsada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
La ley busca atender las dificultades de productores agropecuarios, empresas asociativas campesinas y rubros como salineros, arroceros y pequeños y medianos camaroneros, muchos de los cuales mantienen obligaciones crediticias en mora o con cuotas vencidas.
Entre sus alcances, establece la posibilidad de reestructurar deudas y extender los plazos de pago hasta por 15 años, con el objetivo de facilitar la recuperación financiera de los productores y evitar la pérdida de tierras o activos productivos.
La normativa también crea y fortalece el seguro agropecuario, un instrumento para cubrir pérdidas ocasionadas por fenómenos climáticos, plagas y otros riesgos asociados a la actividad agrícola.
El titular de la SAG, Moisés Abraham Molina, afirmó que la ley responde a una necesidad y no a una medida coyuntural. “Esta ley responde a una necesidad real del sector productivo. No es un alivio temporal, sino una solución para recuperar el acceso al crédito y mantener la producción”, expresó.
Como parte de la implementación, el gobierno destinará 100 millones de lempiras para subsidiar hasta el 80% del costo de las primas del seguro agropecuario, con el propósito de ampliar su alcance entre pequeños y medianos productores.
Representantes del sector agrícola advirtieron que la situación en el campo ya muestra signos de deterioro. El miembro de la Asociación Nacional de Agricultores Freddy Torres señaló que la falta de incentivos ha generado una reducción en las áreas de siembra durante este ciclo productivo.
Torres explicó que la situación es crítica en regiones agrícolas como los valles de Jesús de Otoro y Comayagua, donde para esta fecha ya se habían establecido miles de manzanas de cultivo. “En años anteriores ya se habían sembrado alrededor de 5 mil manzanas en esta época, pero actualmente no se registra área cultivada”, indicó el dirigente, y advirtió que la paralización de las siembras representa un golpe directo a la economía rural.
El productor agregó que la disminución de la actividad agrícola no solo afecta la producción de alimentos, sino que también impacta en el empleo rural y deja sin ocupación a jornaleros y pequeños productores que dependen de las temporadas de cultivo.
Según Torres, la falta de oportunidades en el campo ha comenzado a generar un efecto migratorio, ya que muchos trabajadores optan por trasladarse a otras ciudades del país o incluso salir al extranjero en busca de mejores condiciones de vida. Advirtió que el fenómeno podría profundizarse si las medidas de alivio financiero no son acompañadas por políticas de incentivo directo a la producción, acceso a insumos agrícolas a menor costo y apoyo técnico constante para los pequeños productores.
La ley es vista por el Gobierno como una herramienta para reactivar el sector agropecuario, mientras que los productores sostienen que el problema no solo es financiero, sino también estructural, vinculado con la rentabilidad, el acceso a mercados y el aumento sostenido de los costos de producción.