La expresidenta cumple prisión domiciliaria desde junio de 2025 por la causa Vialidad, pero el proceso de decomiso de 111 bienes está frenado por recursos judiciales de la defensa.
Ha transcurrido un año desde que Cristina Kirchner comenzó a cumplir una condena firme de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, impuesta por la Justicia en la causa Vialidad por administración fraudulenta. Hasta la fecha, el Estado no ha recuperado ningún bien de los 111 muebles e inmuebles sujetos a decomiso, según informaron fuentes judiciales.
El monto del perjuicio patrimonial fue calculado en 685.000 millones de pesos, derivado de licitaciones irregulares y sobreprecios en obra pública que favorecieron al empresario Lázaro Báez. La Cámara Federal de Casación Penal ratificó que esos bienes son alcanzables por la medida y rechazó planteos extraordinarios de las defensas, pero una queja presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación mantiene el proceso en suspenso.
La estrategia jurídica de los abogados de la expresidenta incluyó recursos y apelaciones desde noviembre de 2024 para impedir o retrasar la ejecución del decomiso. Cada resolución adversa fue seguida por una nueva impugnación, según consta en el expediente.
Paralelamente, Cristina Kirchner solicitó beneficios para flexibilizar las condiciones del arresto domiciliario en su departamento del barrio de Constitución, como retirar la tobillera electrónica y ampliar el régimen de visitas. El tribunal rechazó esas solicitudes y ratificó las condiciones vigentes, que incluyen espacios recreativos en la terraza del edificio y un régimen de ingresos libre para familiares directos, médicos, abogados y custodios.
El tribunal oral federal que condenó a la expresidenta advirtió que, de persistir las concentraciones de seguidores frente al domicilio, se podría revocar la prisión domiciliaria y disponer el traslado a una cárcel común. Como consecuencia, fueron suspendidos algunos actos programados por militantes.
El dirigente Miguel Ángel Pichetto propuso impulsar desde el Congreso una anulación de la condena, iniciativa que carece de antecedentes y de sustento jurídico, según especialistas consultados. La Corte Suprema tiene en sus manos la definición final sobre el decomiso.