El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, ultima un acuerdo con un consorcio de bancos internacionales para extender hasta 2028 los vencimientos de préstamos REPO por USD 6.000 millones, con el objetivo de reducir la concentración de compromisos en moneda extranjera prevista para 2027.
El ministro de Economía, Luis Caputo, avanza en la estrategia financiera para evitar inestabilidad en el año electoral. El Gobierno cerrará esta semana un acuerdo definitivo con un consorcio de bancos internacionales para estirar los vencimientos de préstamos garantizados —denominados REPO— por USD 6.000 millones hasta el año 2028. La medida busca despejar la concentración de compromisos en moneda extranjera proyectada para 2027 y garantizar un frente cambiario sin sobresaltos.
La arquitectura de esta renegociación comenzó a ejecutarse con la aprobación de la garantía del Banco Mundial por USD 2.000 millones. Según supo PERFIL, en estos días se firmará el acuerdo con las entidades. Un paso fundamental lo dio el Ministerio de Economía la semana pasada al concretar un canje de bonos estratégico con el Banco Central (BCRA). La autoridad monetaria le entregó al Tesoro títulos atados a la inflación (Boncer) a cambio de dos series de bonos soberanos en dólares: los Bonar 2035 (AL35) y Bonar 2038 (AE38).
Esta operatoria replica la ingeniería utilizada en los últimos días de 2025 para preparar la oficialización de un tramo previo de crédito. Los préstamos REPO (Repurchase Agreement) exigen la inmovilización de un activo de resguardo o colateral financiero, atado a un compromiso de recompra futura. En el pasado, el BCRA había utilizado para este fin sus propios títulos, los Bopreales. Ahora, dotada con los nuevos Bonar, la entidad reguladora cuenta con los instrumentos exigidos para sellar el rollover con bancos como JP Morgan, Bank of America, Santander y BNP Paribas.
Según un análisis de la consultora 1816, el canje de Bonceres por AL35 y AE38 responde a la necesidad de renovar los repos que actualmente tienen como garantía la serie 1-D de los Bopreales (BPOD7), cuyo vencimiento original operaba en octubre de 2027. Si el equipo de Caputo logra asegurar el financiamiento para los pagos de julio y sella el rollover del capital de los repos del BCRA por USD 6.000 millones, quedarían vencimientos en moneda extranjera con acreedores privados y el FMI por USD 20.000 millones anuales hasta diciembre de 2027.
En la plaza financiera local e internacional, se considera que esos compromisos se pagarán a corto plazo. Las reservas disponibles del Central —calculadas como las reservas brutas menos el tramo inactivo del swap con China— rondan los USD 34.000 millones. Si se descuentan los encajes bancarios, el nivel de liquidez real desciende a USD 18.000 millones. Este respaldo justifica que bonos cortos como el A027 rindan en torno al 4,5% contra el dólar MEP.
La incógnita que analizan los fondos de inversión es con cuántas reservas netas arrancará la próxima gestión política para enfrentar ese piso de USD 20.000 millones. Todo esto enmarcado en la dualidad de un país que proyecta exportaciones récord en energía y minería, pero cuya economía real muestra una dinámica con caídas y rebotes intermitentes en rubros como la industria y la construcción.
El primer test para el Tesoro será el próximo mes, cuando deba afrontar USD 4.400 millones en pagos a bonistas. Para sortear el escollo, la cartera económica planea activar un crédito apalancado con garantías de organismos multilaterales como el Banco Mundial (BM), el BID y la CAF. Si la operación se materializa y logra descender el riesgo país, se reflota la discusión sobre un eventual canje preventivo para barrer los vencimientos de 2027, utilizando un esquema similar al de Ecuador, según planteó el investigador jefe del IERAL, Jorge Vasconcelos.
Vasconcelos explicó: «Como los bonos que circulan actualmente son producto de la última reestructuración, los cupones de interés son bajos. Emitir nuevos títulos para un canje implicaría reconocer cupones de interés mayores a los que actualmente se pagan». Sin embargo, subrayó que el costo real es bajo frente al alivio operativo: «Una emisión de 15.000 millones que alargue los plazos de pago implicaría un encarecimiento del costo financiero de aproximadamente 0,1% del PBI».
Operadores del sistema financiero señalan que persiste el apetito por que el Gobierno valide una salida formal a las plazas internacionales de crédito. «Lo que puede complicar son esos 20.000 millones, pero con la salida a los mercados, los vencimientos se disipan más rápido», afirmó un hombre financiero con presencia en Wall Street. Según cálculos de las mesas de dinero, con una tasa del 8,5% el Gobierno podría gestar buenos resultados globales. Con el riesgo país en 425 puntos básicos, ese objetivo técnico está cerca. Sin embargo, en el sector privado cuestionan que la conducción económica sobreactúa sus resultados financieros sin haber logrado ese hito de financiamiento genuino.
El director de Research for Traders, Darío Epstein, analizó: «Cuando el riesgo país estaba cerca de 600 puntos, muchos analistas decían que había que salir al mercado. Hubiéramos pagado 175 bps de tasa innecesarios. Buena decisión del Gobierno. Los cambios llevan tiempo». Caputo replicó: «Desde que los bonos rendían 12% varios analistas repetían ese argumento. Siempre expliqué que cuando la macroeconomía está en orden, el paso del tiempo juega a favor. Argentina es hoy un ejemplo de prudencia fiscal y monetaria».
Pese a la presión de informes privados, el Gobierno no muestra signos de querer activar un canje de bonos a gran escala, intentando despegarse de cualquier semántica vinculada a una reestructuración. Esta postura se encuentra delineada en el último acuerdo con el FMI. El reporte técnico del organismo subraya que la estrategia central no es alterar los contratos vigentes, sino refinanciar los compromisos. La hoja de ruta marca que, a medida que se desplome el riesgo país, el Estado retornará a los mercados financieros internacionales emitiendo nueva deuda para fondear el pago de la vieja.