El Observatorio Financiero de Así Vamos en Salud presentó un análisis sobre la evolución del presupuesto máximo entre 2020 y 2025, que revela brechas crecientes entre el presupuesto inicial y final, caída en la ejecución y acumulación de obligaciones no pagadas, lo que afecta la financiación de servicios no cubiertos por la UPC.
El centro de pensamiento Así Vamos en Salud presentó el Boletín N.º 012 de su Observatorio Financiero, titulado “Presupuesto máximo: evolución de las brechas presupuestales y rezagos en el giro de recursos”. El documento analiza el comportamiento de este mecanismo entre 2020 y 2025, así como las señales preliminares para la vigencia 2026.
El informe examina la financiación de servicios y tecnologías en salud que no están cubiertos por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), entre ellos medicamentos para enfermedades huérfanas, alimentos nutricionales para propósito médico especial y servicios complementarios.
Según el análisis, el presupuesto máximo es el monto anual que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) gira a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) de los regímenes contributivo y subsidiado para garantizar la financiación de estas prestaciones. El boletín identifica que desde años anteriores comenzaron a evidenciarse rezagos en la apropiación presupuestal y en la disponibilidad de recursos frente a las obligaciones reconocidas.
Crecen las diferencias entre el presupuesto inicial y el presupuesto final
El estudio señala que durante cada vigencia se realizaron adiciones presupuestales para cubrir las necesidades de financiación. Sin embargo, estas modificaciones no siempre fueron suficientes para atender las obligaciones estimadas al cierre de cada año, lo que obligó a incorporar recursos adicionales en el rubro denominado “Ajuste Presupuestos Máximos Vigencias Anteriores”.
De acuerdo con el boletín, “desde la vigencia 2022, los recursos del presupuesto máximo iniciaron con rezagos sobre la apropiación presupuestal”, situación que derivó en ajustes posteriores debido a insuficiencias presupuestales y retrasos en los procesos de reconocimiento de recursos.
Uno de los principales hallazgos es el crecimiento acelerado de la brecha entre el presupuesto inicial y el presupuesto final. Mientras entre 2020 y 2022 las diferencias fueron menores, a partir de 2023 se registró un incremento sostenido. En 2023, la brecha alcanzó $0,79 billones en el régimen contributivo y $0,29 billones en el subsidiado. En 2024, la diferencia llegó a $1,95 billones en el contributivo y a $0,82 billones en el subsidiado. Para 2025, la tendencia continuó con brechas de $2,70 billones y $1,07 billones, respectivamente.
El análisis también evidencia que los recursos destinados a ajustes de vigencias anteriores adquirieron mayor relevancia. En 2024 se presentó el mayor ajuste del periodo estudiado, cuando no existía apropiación inicial para este rubro y al cierre del año se incorporaron recursos por $2,01 billones para cubrir necesidades acumuladas.
Caída en la ejecución y acumulación de obligaciones
El documento compara la ejecución del presupuesto máximo con la ejecución total del presupuesto de la Adres. Mientras la ejecución general de la entidad se mantuvo estable entre el 96% y el 98% durante todo el periodo analizado, la ejecución del presupuesto máximo mostró un comportamiento diferente. Después de mantenerse cerca del 100% entre 2020 y 2023, descendió al 91,4% en 2024 y cayó al 56% en 2025.
Así Vamos en Salud indica que esta reducción refleja una separación creciente entre la apropiación y la ejecución efectiva de los recursos, fenómeno asociado a dificultades en la disponibilidad presupuestal y a rezagos en los procesos de reconocimiento. Además, señala que parte de los recursos previstos para ajustes de vigencias anteriores en 2026 podrían destinarse a cubrir obligaciones correspondientes a 2025.
El boletín también analiza la relación entre el reconocimiento de obligaciones y el pago efectivo de los recursos. Los datos muestran que, en promedio, el 77,6% de los recursos reconocidos fue pagado durante la misma vigencia, mientras que el porcentaje restante se trasladó a años posteriores. Por ejemplo, para las obligaciones reconocidas en 2020, el 86,7% se pagó ese mismo año, mientras que parte de los recursos se desembolsó en 2021 y 2022. En 2021, el 78,4% fue pagado dentro de la misma vigencia, pero el restante 21,6% se distribuyó en años posteriores. Para 2022 y 2023 también se registraron pagos diferidos hacia ejercicios fiscales siguientes.
Alertas para la vigencia 2026
El boletín concluye que los pagos realizados cada mes estuvieron sistemáticamente por debajo de los montos necesarios para cancelar la totalidad de las obligaciones reconocidas dentro de cada vigencia. En 2024, el promedio mensual efectivamente pagado fue de $251.636 millones, mientras que el valor potencial para cubrir todas las obligaciones reconocidas ascendía a $314.609 millones.
El informe recuerda que la Corte Constitucional, mediante el Auto 2049 de 2024, identificó que los recursos destinados al presupuesto máximo no fueron oportunos ni suficientes para garantizar el derecho a la salud y declaró el incumplimiento general del componente de suficiencia de este mecanismo para la vigencia 2024.
Respecto a 2026, Así Vamos en Salud advierte que el mecanismo inicia con una apropiación de $1,9 billones para los regímenes contributivo y subsidiado. Sin embargo, el análisis considera que esta cifra no corresponde al nivel de recursos que requiere el sistema. Teniendo en cuenta que para reconocer la vigencia 2025 el presupuesto de gasto ascendió a $4,2 billones, se estima que para 2026 será necesaria una apropiación adicional de entre $2,2 y $2,5 billones. Además, se prevé que los $1,8 billones destinados a ajustes de vigencias anteriores se utilicen, en gran medida, para cubrir saldos pendientes de 2025.