El gobierno de Santa Fe suspendió la ayuda estatal al Movimiento Mahatma Gandhi tras detectar gastos en restaurantes y bares con fondos destinados a un comedor comunitario. La provincia presentó una denuncia penal.
Santa Fe.- El gobierno de la provincia de Santa Fe suspendió la asistencia económica a la asociación civil “Movimiento Mahatma Gandhi”, con sede en la capital provincial, luego de que una auditoría detectara que los fondos depositados en la Tarjeta Institucional se utilizaron para gastos en una hamburguesería, restaurantes, bares y kioscos del centro de la ciudad. Según la normativa vigente, esos recursos debían destinarse a la compra de alimentos para el comedor comunitario de la entidad.
La auditoría fue realizada por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, que observó inconsistencias entre las rendiciones presentadas por la organización y los movimientos registrados en la tarjeta asignada. Ante las irregularidades, el gobierno provincial dio de baja la asistencia y presentó una denuncia penal.
Este viernes, la vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, explicó que la investigación derivó en una denuncia judicial y en la suspensión de la asistencia alimentaria. “Nos duele porque los afectados son los chicos y chicas que no recibieron lo que tenían que recibir”, afirmó.
Según un comunicado oficial, los fondos enviados a la entidad estaban destinados a la compra de alimentos para el funcionamiento de un comedor comunitario y la asistencia de personas en situación de vulnerabilidad. En los registros analizados se detectaron consumos en locales de comida rápida, restaurantes, bares y kioscos.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la Tarjeta Institucional es un instrumento destinado exclusivamente a la adquisición de alimentos y que recibe fondos aportados por el Estado para garantizar el funcionamiento de espacios comunitarios. “La plata destinada a los comedores tiene que terminar en los comedores”, plantearon, y agregaron que las auditorías forman parte de un esquema permanente de control de los recursos públicos destinados a políticas sociales.
El secretario de Desarrollo Territorial, Lisandro Villar, explicó que las investigaciones buscan garantizar la transparencia en la utilización de los fondos estatales y asegurar que la ayuda llegue a quienes la necesitan.
En el mismo informe oficial se indicó que, al momento de iniciarse la investigación, la asociación civil era encabezada por Luciano “Chano” Rossi, un dirigente social que fue exonerado de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) en julio de 2025, tras la finalización de un sumario administrativo. La resolución 394 de la EPE concluye que Rossi debe ser exonerado por “haber usufructuado licencia por enfermedad, con el pago de haberes por parte de la EPE, realizaba otras actividades laborales cotidianas y en horario de desarrollo de tareas de la empresa”. La EPE indicó que “de los últimos 2.103 días, solo había concurrido a trabajar en 651”. Actualmente, Rossi es vocal de la citada organización civil.