El Departamento de Vehículos Motorizados de California solicita fondos para transferir datos de licencias AB 60 a una plataforma interestatal, lo que genera preocupación entre organizaciones defensoras de derechos.
California, Estados Unidos – El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California ha solicitado 55 millones de dólares al presupuesto estatal para financiar la transferencia de datos de conductores hacia un nuevo sistema de intercambio de información a nivel nacional. La medida afectaría a quienes obtuvieron su licencia bajo la ley AB 60, que permite a personas sin estatus migratorio legal acceder a permisos de conducción.
Según informó CalMatters, el gobierno estatal prevé transferir registros de conductores a la Asociación Estadounidense de Administradores de Vehículos Motorizados (Aamva), que gestiona la plataforma SPEXS. Este sistema permite verificar si alguien posee permisos duplicados en distintos territorios y es utilizado por agencias estatales y contratistas para comprobar identidades.
Representantes de cuatro grupos de defensa —Oakland Privacy, Western Center on Law and Poverty, American Friends Service Committee y The Identity Project— señalaron que los archivos compartidos indicarán si un titular posee un número de Seguro Social. Según estas organizaciones, esto podría utilizarse para identificar a quienes no tienen autorización para residir en Estados Unidos, a pesar de que la ley AB 60 prohíbe utilizar los datos recopilados para determinar la ciudadanía.
Ed Hasbrouck, de The Identity Project, advirtió que “una vez que estos datos se suben a AAMVA, escapan al control de California”. Tracy Rosenberg, de Oakland Privacy, calificó la decisión como “una traición directa”, al señalar que se había asegurado a los solicitantes que esa información no sería compartida. Pedro Rios, del American Friends Service Committee, sostuvo que el plan representa “una traición al compromiso de California de proteger y defender a todos sus residentes, especialmente a quienes tienen una licencia AB 60”.
Desde el DMV y la oficina del gobernador, se remarcó que la asociación notificará a California ante solicitudes externas, siempre que la ley lo permita, incluyendo intentos de obtener registros mediante citaciones judiciales. Sin embargo, esa notificación no será posible si existe una orden de silencio. El portavoz del DMV, Jaime Garza, subrayó que los conductores pueden solicitar la cancelación o entrega de su permiso, aunque manejar sin autorización vigente constituye una infracción.
Las autoridades indicaron que la iniciativa responde al cumplimiento de la Ley Real ID de 2005, que establece requisitos para que las identificaciones estatales sean aceptadas en instalaciones federales, como aeropuertos. La negativa a compartir información podría derivar en que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechace las licencias emitidas en California en controles federales. La portavoz del gobernador, Diana Crofts-Pelayo, afirmó que California “sigue siendo un referente en el apoyo a las familias inmigrantes y en la protección de datos personales frente a la extralimitación federal”.