Sectores de la CGT creen que la Corte Suprema podría no declarar inconstitucional la reforma laboral, lo que representaría un triunfo para el Gobierno. El sindicalismo busca que el fuero laboral, y no el contencioso administrativo, revise la ley.
En la Confederación General del Trabajo (CGT) crece la preocupación ante la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia no objete la reforma laboral aprobada por el Congreso, pese a las dudas sobre la constitucionalidad de algunos artículos, como los que limitan el derecho a huelga. Según versiones que circulan entre dirigentes sindicales, la postura del máximo tribunal habría sido transmitida por magistrados del fuero laboral que mantienen contacto con los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Si la Corte confirma esa posición, significaría un triunfo definitivo del Gobierno en su pulseada con el sindicalismo.
Como contraataque judicial, la CGT presentó esta semana un pedido ante la Corte Suprema para que sea el fuero laboral, y no el contencioso administrativo, el que revise los planteos sobre la posible inconstitucionalidad de la ley de modernización laboral. El fuero laboral es un espacio donde el sindicalismo mantiene influencia, y el Gobierno busca trasladar su competencia al ámbito porteño para reducir ese poder. La posibilidad de desmantelar el fuero del trabajo es una de las principales inquietudes de los gremios.
La estrategia judicial de la CGT es ejecutada por el abogado Pablo Arnaldo Topet, quien se presentó el martes pasado ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, luego de que ese fuero se declarara competente. Para la CGT, esta maniobra representa una violación a las garantías constitucionales de defensa en juicio y una arbitrariedad manifiesta, ya que consideran que el derecho laboral exige jueces especializados. Si este planteo no prospera, la CGT cree que deberá intervenir la Corte.
La resistencia sindical también encontró eco en la Justicia laboral. El juez Raúl Horacio Ojeda, que suspendió 81 artículos de la ley, apeló ante la Cámara del Trabajo la decisión de los camaristas de la Sala VIII, que dejaron en suspenso su fallo y restablecieron la vigencia de la normativa. Ojeda busca que los camaristas Víctor Pesino y María Dora González se pronuncien nuevamente para evitar que el fuero contencioso administrativo se quede con el caso. Sin embargo, según fuentes judiciales, ni Pesino ni González estarían dispuestos a pelear por retener la competencia.
A través de Topet, la CGT busca la recusación de ambos camaristas. A Pesino se lo impugna por “falta de imparcialidad”, luego de que se conociera que el Poder Ejecutivo inició el trámite para extender su mandato por cinco años (cumple 75 años en junio) apenas un día después de su fallo favorable al Gobierno. En la presentación se alega que recibió un “beneficio de importancia” del Estado Nacional. A González se la acusa de prejuzgamiento, por haber adelantado opinión sobre el fondo al afirmar que los trabajadores no son “sectores socialmente vulnerables” y que sus derechos no son de “naturaleza alimentaria”.
La CGT sostiene que la Sala VIII carecía de competencia para intervenir, argumentando que ya había participado en causas conexas, como el amparo de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica, por lo que debía concentrar todos los recursos para asegurar coherencia judicial. Además, el asesor legal de los gremios señaló que la sala dictó su resolución con “insólita premura”, sin dar traslado a la CGT y sin esperar a que se consintiera su radicación. La CGT alega que suspender la cautelar permite la vigencia de normas que cercenan derechos constitucionales, como la huelga y la libertad sindical, antes de una sentencia definitiva, y pide la intervención de la Sala I para resolver sobre la nulidad.
La medida cautelar de Ojeda había frenado por tres semanas la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), las limitaciones al derecho a huelga, el cálculo de indemnizaciones sin aguinaldos, la creación del banco de horas, la fragmentación de las vacaciones, el pago en cuotas de las indemnizaciones, el traspaso de la Justicia nacional laboral a la ciudad de Buenos Aires y la derogación de la Ley de Teletrabajo. Sin embargo, los camaristas Pesino y González dejaron en suspenso esa decisión.