El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad se presenta este miércoles ante el juzgado federal N°11, en el marco de una investigación por supuestas maniobras corruptas que involucran a 29 personas y más de 75 mil millones de pesos.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, a cargo del juez Ariel Lijo, dispuso un amplio llamado a indagatoria para 29 personas en el marco de la investigación por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a partir de un requerimiento impulsado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez.
Entre los citados vuelve a comparecer hoy el ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, quien ya se encuentra procesado en el expediente y declarará a partir de las 9.30 en los tribunales de Comodoro Py. Las audiencias fueron programadas desde esta semana y se extenderán hasta el 26 de mayo, según confirmaron fuentes judiciales.
El listado contempla además la ampliación de indagatorias para varios imputados que ya habían sido procesados, como el ex director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, y Miguel Ángel Calvete, señalado como nexo entre funcionarios y empresarios del rubro farmacéutico.
En su resolución, el juez Lijo sostuvo que la estructura bajo análisis habría operado con el objetivo de generar ganancias ilegales de magnitud, con impacto directo sobre los fondos públicos. En línea con esa hipótesis, también ordenó la inhibición general de bienes de los implicados, tanto personas físicas como jurídicas, ante el riesgo de que se dispongan de activos que podrían ser recuperados por el Estado.
La causa apunta a reconstruir un entramado que incluiría a más de una veintena de empresarios vinculados a laboratorios y droguerías, quienes habrían participado de un esquema destinado a desviar recursos públicos. Según la investigación, las maniobras habrían implicado erogaciones superiores a los 75 mil millones de pesos.
Spagnuolo ya fue indagado y posteriormente procesado por delitos como cohecho, fraude contra la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en lo que se perfila como uno de los expedientes más sensibles en materia de control del gasto social.
La investigación sobre la ANDIS comenzó a tomar forma a partir de denuncias internas y reportes sobre irregularidades en la asignación de prestaciones y contratos vinculados al sistema de cobertura para personas con discapacidad. Con el avance de las medidas de prueba, los fiscales lograron detectar un patrón de adjudicaciones direccionadas y sobreprecios en servicios médicos y provisión de insumos.
Uno de los puntos de inflexión fueron los audios atribuidos a Spagnuolo, incorporados al expediente, en los que —según la acusación— se evidenciarían gestiones para favorecer a determinados proveedores y coordinar retornos económicos. Ese material reforzó la hipótesis de una estructura organizada dentro del organismo, con ramificaciones en el sector privado.
A lo largo de la causa también quedaron bajo la lupa otros funcionarios y ex funcionarios del área de salud y discapacidad, además de intermediarios y empresarios que habrían facilitado las maniobras. La investigación sigue en expansión y no se descartan nuevas imputaciones a medida que se analizan cruces de llamadas, movimientos financieros y documentación secuestrada en allanamientos.