La calificación crediticia de México enfrenta una decisión clave a finales de junio, cuando Moody’s Ratings resolverá la perspectiva negativa asignada al país en 2024. La situación fiscal y el riesgo político son los principales focos de atención.
La calificación crediticia de grado de inversión de México enfrenta una decisión clave a finales de junio, cuando se espera que Moody’s Ratings resuelva la perspectiva negativa que asignó al país a finales de 2024. Según Renzo Merino, responsable sénior de crédito del grupo de riesgo soberano de la agencia, este tipo de perspectivas suele resolverse en un plazo de entre 12 y 18 meses, lo que hace inminente una actualización.
Aunque hay varios factores en juego, desde las renegociaciones del Acuerdo entre EE.UU., México y Canadá hasta las repercusiones de la guerra en Medio Oriente, la situación fiscal del país es el principal foco de preocupación. México tiene una calificación de Baa2 —dos escalones por encima del nivel especulativo— y una rebaja implicaría tasas de interés más altas para la nueva deuda, con el riesgo de provocar salidas de capital.
Según Merino, una rebaja de varios niveles hasta el nivel de alto rendimiento tiene una “muy baja probabilidad”. “Todavía vemos a México con un perfil crediticio alineado con una calificación dentro de categoría Baa; la pregunta que vamos a tratar de resolver en el próximo comité es si es Baa2 o un Baa3”, afirmó. El perfil crediticio de México sigue siendo más sólido que el de algunos países con calificación Baa3, añadió.
Moody’s busca aclaraciones de las autoridades sobre cómo el conflicto en Oriente Medio podría afectar al plan presupuestario presentado a principios de abril, en el que el gobierno preveía un déficit menor para el próximo año. También sigue de cerca los avances en la reestructuración estratégica de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), cuyo objetivo es lograr que el gigante sea financieramente autosuficiente para 2027, así como cualquier novedad sobre la próxima revisión del tratado comercial USMCA.
En febrero, Merino y otros analistas de Moody’s señalaron que Pemex podría necesitar apoyo adicional del gobierno ante las previsiones de que las pérdidas operativas continuarán. Ese respaldo, combinado con un crecimiento más débil, podría ralentizar la consolidación fiscal, presionar los indicadores de deuda y deteriorar aún más el perfil crediticio del Estado.
Un aumento significativo del déficit de México en 2024 provocó un rápido incremento de la relación deuda/PIB del país, lo que erosionó su colchón financiero. Moody’s revisó la perspectiva del país de estable a negativa en noviembre de 2024, citando los cambios constitucionales que reformaron el sistema judicial de México —que, según los críticos, debilitaron los controles y contrapesos— y representaron un riesgo para la economía. La agencia también señaló el deterioro de la capacidad de pago de la deuda y la rigidez del gasto público como desafíos para la consolidación fiscal.