La Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país, ratificó este viernes el decomiso de bienes de la expresidenta Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez para cubrir los casi $685.000 millones establecidos en la causa Vialidad.
La Sala IV de la Cámara de Casación confirmó por mayoría el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez, para cubrir los casi $685.000 millones por los que deben responder todos los condenados en la causa Vialidad. La decisión, tomada este viernes, ratifica lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal N° 2 en 2022.
En junio del año pasado, la Corte Suprema dejó firme el fallo que habilitó la ejecución de las penas, pero el decomiso quedó sujeto a apelaciones que llevaron el caso hasta la Casación. Es lo único que restaba ejecutar de la condena.
Las defensas intentaron limitar el alcance del decomiso, cuestionando la inclusión de bienes sin “trazabilidad directa” con el delito. La expresidenta buscó poner a resguardo dos inmuebles y 10 departamentos en Río Gallegos, además de terrenos en Lago Argentino, Santa Cruz, propiedades cedidas a sus hijos y que no forman parte del proceso.
Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, en línea con el dictamen del fiscal Mario Villar, se opusieron a esa estrategia. Hornos sostuvo que el decomiso no puede quedar en una “declaración abstracta” y debe traducirse en una “recuperación real y efectiva” de los activos. Barroetaveña adhirió en todos sus términos.
El juez Mariano Borinsky, en disidencia parcial, consideró que no estaba suficientemente probado que ciertos bienes provengan del delito y propuso excluir del decomiso los heredados por Máximo y Florencia Kirchner.
La medida también alcanza a bienes del empresario Lázaro Báez, principal beneficiario del direccionamiento de obra pública en Santa Cruz, así como de su empresa Austral y otras firmas satélites.
El plazo para que los condenados respondieran en conjunto y de forma solidaria por el monto actualizado venció el 13 de agosto del año pasado, pero las apelaciones mantuvieron el decomiso en revisión. Las defensas señalaron que la fiscalía no demostró un nexo causal entre cada bien identificado y el delito, y advirtieron que el decomiso se estaba convirtiendo en una “multa encubierta”.