Los defensores de los profesionales del Hospital Italiano procesados mantienen una postura de no hablar con la prensa y concentran sus argumentos en escritos judiciales, donde cuestionan la falta de prueba directa.
Los principales involucrados en la causa que investiga la presunta sustracción de propofol del Hospital Italiano de Buenos Aires han adoptado una estrategia común: evitar las declaraciones públicas y canalizar su defensa exclusivamente a través de presentaciones judiciales. Los abogados de Hernán Boveri, Delfina ‘Fini’ Lanusse y Chantal ‘Tati’ Leclercq han declinado responder a consultas de los medios, según pudo conocerse.
Esta postura se enmarca en el proceso judicial que avanza tras los procesamientos por administración fraudulenta. En las últimas semanas, los imputados presentaron apelaciones y realizaron cambios en sus defensas legales.
Hernán Boveri, anestesiólogo procesado y embargado en más de 70 millones de pesos, tiene ahora como defensor a Ramiro Lucini, quien asumió la representación cuando el caso ya tenía amplia difusión pública. Por su parte, Delfina Lanusse está representada por Claudia Balbín, abogada penalista de amplia trayectoria.
En los escritos de apelación a los que se tuvo acceso, las defensas de Boveri y Lanusse sostienen una línea argumental similar. Afirman que no existe prueba directa ni testigos presenciales de los hechos que se les atribuyen, y que la acusación se basaría en ‘conjeturas, inferencias y apreciaciones subjetivas’, así como en una ‘cadena de rumores’. Señalan como origen de estas versiones a una persona mencionada en la causa como ‘Mechi’ o ‘Pichu’.
La defensa de Boveri calificó el procesamiento como ‘arbitrario y nulo’, argumentando que es ‘prematuro’ y carente de evidencia objetiva que pruebe la sustracción de anestésicos.
La defensa de Lanusse, en tanto, cuestionó el accionar de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (Aaarba), describiéndolo como ‘irregular y desprovisto de garantías’. Sostuvo que se rompió el secreto profesional en interrogatorios y que se desplazó un posible problema de salud hacia una persecución penal, remarcando que ‘el consumo no implica sustracción’. Como parte de su estrategia, Lanusse incorporó al expediente un informe psicológico que indica que no presenta un consumo problemático de drogas.
La causa se desarrolla en un contexto marcado por la conmoción tras la muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar, investigada en un expediente distinto.