El Gobierno porteño puso en marcha un protocolo para la protección de la comunidad educativa, estableciendo pautas de acción y denunciando penalmente amenazas recibidas en distintos establecimientos.
Ante las amenazas de violencia recibidas en distintos colegios de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció la puesta en marcha del ‘Protocolo de actuación para la protección y resguardo ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes’. El documento, elaborado en noviembre de 2025 y enviado este lunes a todas las escuelas, establece los pasos a seguir frente a la sospecha, amenaza o constatación de la presencia de un arma en un establecimiento educativo.
Macri afirmó que no se naturalizarán las amenazas que alteren la vida escolar y destacó que se realizaron denuncias penales que derivaron en tres allanamientos. También se solicitó información a plataformas digitales por la proliferación de retos virales. ‘Si alguien cree que puede vulnerar la paz en una comunidad educativa y que no habrá consecuencias legales, se equivoca. No se trata de una broma pesada, es un delito’, sostuvo.
El protocolo tiene como objetivo resguardar la integridad física y psicosocial de la comunidad educativa, garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y promover intervenciones basadas en criterios de protección colectiva. El documento determina que, ante la presencia de un arma, ninguna autoridad o personal de la escuela debe intentar reducir a la persona o quitarle el arma. La forma de actuación indicada es dialogar y solicitar que deje el arma en un lugar seguro, mientras otro adulto se comunica de inmediato con el 911 y da aviso a la Justicia.
El texto señala que se considera ‘sospecha fundada’ cualquier denuncia o indicio verifiable sobre la posible presencia, portación o amenaza con un arma. Si bien el protocolo detalla acciones ante la detección de armas (de fuego, blancas o impropias), no está específicamente orientado a situaciones de extrema peligrosidad donde ya se haya amenazado o disparado, contextos en los que el margen de intervención institucional es limitado.