El diputado nacional y presidente de la Comisión de Agricultura, Martín Ardohaín, se refirió a los cambios en la normativa sobre glaciares, el debate ambiental y las oportunidades de desarrollo para las provincias.
El diputado nacional y presidente de la Comisión de Agricultura, Martín Ardohaín, evaluó en Canal E que la reciente modificación de la Ley de Glaciares reavivó la tensión política y abrió un nuevo frente judicial en Argentina. «El gobernador judicializa todo», afirmó Ardohaín, quien además cuestionó el impacto de estas decisiones: «El tema que no trae solución es para la Pampa».
En su análisis, el conflicto se inscribe en una disputa más amplia por los recursos hídricos, particularmente en relación con el río Atuel: «Tenemos un problema de aguas y de ríos histórico». Uno de los ejes centrales del debate es si la reforma implica un retroceso ambiental. En este sentido, planteó que, «lo que se quiere hacer con esto no es desproteger los glaciares, ni poner en riesgo el agua, ni el ambiente».
Según explicó Ardohaín, el objetivo es habilitar la exploración minera en zonas donde no haya riesgo ambiental: «Dar la posibilidad en Argentina de hacer lo que hicieron los países limítrofes, de poder explorar áreas que no pongan en riesgo el ambiente, ni el agua, ni los glaciares». Asimismo, remarcó que existe una confusión conceptual en el debate público: «En Argentina se toma protección como prohibición y ahí fue lo que nos generó perder el tren del desarrollo».
El entrevistado también defendió el rol de las provincias en la toma de decisiones, frente a cuestionamientos sobre su capacidad de control. En ese sentido, criticó las posturas centralistas: «Cuando llega el momento, las provincias no pueden tener autonomía porque no están preparadas, porque son corruptos». Luego, manifestó que la reforma abre una oportunidad de desarrollo para regiones postergadas: «Se le está dando una responsabilidad y una posibilidad de desarrollo a muchas provincias que no tienen turismo o no tienen la pampa húmeda».