A partir del 1 de julio de 2026, una nueva ley en Florida exigirá a los migrantes con estatus legal presentar comprobantes de residencia y documentación migratoria vigente para obtener la licencia de conducir comercial (CDL).
Desde el 1° de julio de 2026, nuevas reglas del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (DMV) entrarán en vigor bajo la Ley Agrícola SB 290. Esta normativa endurece las sanciones por fraude en los exámenes para la licencia de conducir comercial (CDL).
Para los migrantes con estatus legal que buscan habilitarse como conductores de camiones o vehículos de carga pesada, el primer requisito es documental. El DMV exige presentar dos comprobantes de residencia válidos, a nombre del solicitante, además de la documentación migratoria vigente. Antes de acreditar domicilio, el migrante debe demostrar que tiene estatus legal para trabajar en Estados Unidos.
El DMV divide la documentación de domicilio en dos listas. El solicitante debe presentar un documento de la Lista A y uno de la Lista B, o bien dos documentos de la Lista A.
Lista A — Documentos que acreditan residencia directamente: licencia de conducir de Florida, identificación estatal, registro de vehículo, declaración jurada de domicilio certificada por un notario público, entre otros.
Lista B — Documentos que sirven como comprobante secundario: facturas de servicios públicos, contrato de arrendamiento, estados de cuenta bancarios, entre otros.
Dos puntos que suelen generar confusión entre migrantes que ya tienen licencia regular en Florida son: la necesidad de presentar documentos adicionales específicos para la CDL, y la vigencia y validez de los comprobantes de residencia presentados.
La ley SB 290 no solo establece nuevos controles en el proceso de examinación, sino que también amplía las herramientas legales del DMV para sancionar el fraude durante el trámite. En este contexto, se recomienda a los migrantes que buscan la CDL de manera legal presentarse al DMV con toda la documentación en orden para evitar demoras, rechazos o posibles consecuencias legales por irregularidades.