El jefe de Gabinete es investigado por la Justicia tras denuncias sobre su enriquecimiento durante su gestión. El caso genera debate interno sobre la estrategia de comunicación oficial.
La Justicia investiga el incremento patrimonial de Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Ministros, desde su ingreso al Gobierno. Las pesquisas se centran en determinar la procedencia de los fondos para la adquisición de bienes y viajes realizados durante su función pública.
Adorni, quien inició su carrera política como vocero presidencial, ha visto su patrimonio bajo escrutinio tras la compra de una camioneta, una casa en un country y un departamento en Caballito, así como viajes al exterior. El fiscal Gerardo Pollicita reúne documentación para evaluar si cita al funcionario a declarar sobre el origen de sus bienes.
El funcionario ha sostenido que su patrimonio fue construido en su vida privada y que incluso solventa gastos de su función con dinero personal. Su sueldo anual como funcionario ronda los 30.000 dólares, según su declaración jurada.
Internamente, el Gobierno debate la conveniencia de mantener la estrategia de no dar explicaciones públicas sobre el tema. Mientras, Adorni cuenta con el apoyo de la presidencia, lo que ha generado análisis sobre el impacto político del caso en un contexto económico complejo.
El episodio se suma a otras polémicas recientes que involucran a funcionarios, como los créditos hipotecarios del Banco Nación y el caso $LIBRA, actualmente en investigación.