El gobierno mexicano inició acciones diplomáticas y legales tras la muerte de un ciudadano bajo custodia del ICE en California, denunciando condiciones deficientes en el centro de Adelanto.
El gobierno de México ha desplegado una ofensiva diplomática y legal luego de confirmarse la muerte de un tercer ciudadano mexicano bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el centro de detención de Adelanto, California. El fallecimiento, ocurrido el 25 de marzo, motivó una respuesta contundente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Estado agotará todas las vías legales y diplomáticas disponibles para proteger a los mexicanos en el exterior. La Cancillería, dirigida por Vanessa Calva Ruiz, organizó una conferencia de prensa en el Consulado General de México en Los Ángeles para exponer la situación.
La SRE calificó el contexto como una acumulación de graves omisiones y deficiencias en la atención médica, citando falta de acceso a aire libre, nutrición adecuada, aislamiento punitivo e insalubridad en el recinto. Las autoridades mexicanas establecieron contactos con el Fiscal General de California, Rob Bonta, quien respaldó las demandas contra el centro mediante la figura de amicus curiae.
La estrategia también busca que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos convoque una audiencia temática sobre las muertes bajo custodia del ICE. En paralelo, el consulado inició un acompañamiento a los familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos.
La embajada de México envió comunicaciones formales a legisladores federales estadounidenses para denunciar la insuficiencia de los servicios médicos. El caso de José Ramos, un hombre de 52 años cuya muerte generó críticas, fue central en la narrativa de organizaciones civiles; testigos señalaron demoras fatales en la atención médica.
Ante este escenario, la Cancillería reiteró su llamado a las autoridades estadounidenses para una revisión integral y urgente del centro de Adelanto, esperando que investigaciones independientes esclarezcan las responsabilidades institucionales.