La justicia ordenó la prisión preventiva de un rosarino de 30 años, imputado por trata de personas. Se lo acusa de captar mujeres jóvenes a través de Instagram, filmar encuentros sexuales con la promesa de distribución exclusiva en el exterior y luego comercializar el material en plataformas de acceso global sin su consentimiento.
Una investigación del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Rosario, con colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), resultó en la detención y prisión preventiva de un hombre de 30 años, identificado como G.G.N., oriundo de Rosario. El imputado está acusado de desarrollar un sistema de explotación sexual mediante plataformas digitales.
Según la información oficial, el acusado captaba mujeres, en su mayoría de 18 o 19 años y sin experiencia laboral, a través de un perfil de Instagram denominado «Argentina Casting» o «AC». Las convencía de participar en encuentros sexuales filmados, con la promesa de que el material sería distribuido y monetizado exclusivamente en el exterior del país. Sin embargo, la investigación constató que los videos eran comercializados en una plataforma de acceso libre y global, sin restricción territorial, lo que permitía su visualización también en Argentina.
La fiscalía sostiene que se trató de un esquema organizado y sostenido en el tiempo, con alcance geográfico extendido a provincias como Buenos Aires, Jujuy, Córdoba y Misiones. El imputado habría viajado para concretar los encuentros, realizar los videos a cambio de un pago único y luego gestionar su edición y comercialización.
G.G.N. ya estaba imputado desde julio de 2025 por tres casos similares, pero continuó con la actividad durante su libertad bajo fianza. Un llamado anónimo a la Línea 145 del Ministerio de Justicia en marzo de 2025 permitió ampliar la investigación, identificando a nuevas víctimas. Algunas de ellas declararon en Cámara Gesell que el engaño y la posterior viralización del material les generó angustia y afectaciones en su salud psicológica.
El fiscal general Javier Arzubi Calvo solicitó la ampliación de la investigación y la prisión preventiva, medida que fue aprobada por el juez Carlos Vera Barros por un plazo de 90 días. El imputado quedó formalmente acusado por ocho hechos de trata de personas con fines de explotación, agravados, y un hecho de promoción y facilitación de la prostitución ajena, delitos que prevén penas de entre 8 y 12 años de prisión.