La medida cautelar impide la implementación de los cambios en las condiciones laborales de los educadores, en el marco de la normativa impulsada por el gobierno nacional.
Un fallo judicial ha ordenado la suspensión de la aplicación de la reforma laboral en el sector docente. La medida cautelar se suma a otras decisiones judiciales previas que han frenado aspectos de la normativa impulsada por el gobierno nacional.
El gobierno había incorporado la figura de la «esencialidad» del servicio en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 y posteriormente en el decreto 340, con el objetivo de regular el derecho a huelga. Ambos instrumentos habían sido suspendidos en su aplicación por resoluciones judiciales anteriores, a las que los gremios docentes acudieron.