Este miércoles por la noche, el presidente Javier Milei utilizó una cadena nacional para dirigirse a la ciudadanía y presentar el reciente fallo judicial sobre YPF como un éxito de su administración. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York estableció que Argentina debe pagar aproximadamente 16.000 millones de dólares a los accionistas de la petrolera, un monto muy inferior a los 120.000 millones que se reclamaban inicialmente.
Un resultado de una estrategia previa
El núcleo del mensaje oficial se centró en enmarcar la decisión judicial como un triunfo de la actual gestión. No obstante, analistas jurídicos y fuentes del sector energético consultados por este medio coinciden en que la estrategia legal que permitió este resultado fue definida e implementada durante el gobierno de Alberto Fernández. La postura del Estado argentino en el litigio, incluidas las defensas presentadas y la negociación del proceso, se consolidó antes de diciembre de 2023.
La contradicción en las críticas
Este punto genera una notable contradicción. Durante su carrera como analista económico y en la campaña electoral, Javier Milei fue un crítico severo de la gestión del expresidente Fernández y de muchas de sus políticas, incluyendo el manejo de los litigios internacionales. Ahora, su gobierno se atribuye el resultado favorable de una estrategia que en su momento cuestionó.
El contexto del litigio internacional
El conflicto judicial se remonta a la expropiación del 51% de las acciones de YPF a la empresa española Repsol en 2012. Tras años de disputa, el fallo actual, aunque implica un desembolso multimillonario, es considerado por el gobierno como una «victoria» por haber limitado significativamente la cifra reclamada. El Ejecutivo argumenta que el resultado alivia una presión financiera potencialmente catastrófica para las reservas del Banco Central.
Reacciones y próximos pasos
La oposición política ya ha señalado la aparente apropiación del logro. Desde el espacio que responde a Cristina Fernández de Kirchner, señalaron que «el mérito es de quienes diseñaron la defensa y llevaron el caso». Por su parte, el oficialismo insiste en que su gestión aportó «una nueva firmeza» en la comunicación con los tribunales. El fallo aún podría ser apelado ante la Corte Suprema de Estados Unidos, por lo que el monto final no es definitivo.
El episodio deja en evidencia cómo los resultados de políticas de Estado de largo plazo suelen trascender a los gobiernos de turno, y cómo la comunicación política busca capitalizar aquellos aspectos que, independientemente de su origen, pueden percibirse como favorables ante la opinión pública en un contexto económico complejo.