El gobernador Leandro Zdero confirmó que el Ejecutivo enviará a la Cámara de Diputados un proyecto de reforma constitucional con el objetivo de otorgar protección y estabilidad jurídica a grandes inversiones que se radiiquen en la provincia.
El mandatario precisó que la iniciativa será presentada mediante el mecanismo previsto en el artículo 212 de la Constitución provincial y que contemplará dos ejes centrales: la exclusión de esas inversiones de cualquier tipo de expropiación y la prohibición de crear nuevos impuestos provinciales o municipales que las afecten.
“Anticipo que presentaremos un proyecto de reforma constitucional para brindar protección y estabilidad jurídica a dichas inversiones”, expresó el gobernador ante el cuerpo legislativo.
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Blindaje fiscal y previsibilidad jurídica
La propuesta forma parte de una estrategia oficial que busca consolidar al Chaco como un destino competitivo para el capital de gran escala. En ese sentido, Zdero vinculó la reforma con la adhesión provincial al régimen nacional de incentivo para grandes inversiones, al considerar que la provincia debe ofrecer reglas de juego claras y previsibles a largo plazo.
El “blindaje” constitucional apunta, según el planteo del Ejecutivo, a reducir la incertidumbre normativa y tributaria, dos factores que suelen incidir en la decisión de radicación de proyectos productivos de gran magnitud.
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Nueva ley de promoción industrial
En paralelo, el gobernador adelantó el envío de un segundo proyecto: una nueva ley de incentivo a las inversiones que reemplazará al actual régimen de promoción industrial.
De acuerdo con lo anunciado, la iniciativa buscará convertirse en “el régimen más competitivo y ambicioso del país”, con beneficios orientados a atraer capital estratégico en sectores clave como industria, tecnología, turismo y energía.
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La intención oficial es impulsar una transformación de la matriz productiva provincial, con impacto estructural en el empleo y en la generación de valor agregado local.
Zdero enmarcó estas medidas dentro de un giro en la política fiscal y en la administración pública, con foco en la disciplina financiera y en la captación de inversiones privadas. El objetivo declarado es posicionar al Chaco “en el radar de las inversiones” y acelerar un proceso de modernización económica, bajo un esquema que combine estabilidad tributaria, seguridad jurídica y promoción sectorial.