Cristina Kirchner volvió a presentarse ante la Cámara Federal de Casación Penal con una serie de planteos vinculados a las condiciones en las que cumple su arresto domiciliario por la condena en la causa Vialidad. La expresidenta cuestionó tanto el uso de la tobillera electrónica como las restricciones impuestas al régimen de visitas tras una reunión que mantuvo con nueve economistas en su departamento de San José 1111, en el barrio de Monserrat.
La presentación también incorporó un nuevo reclamo: la posibilidad de utilizar sin límites la terraza del edificio donde reside. El escrito fue elevado ante la Sala IV del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, y lleva la firma de su abogado defensor, Carlos Beraldi.
Causa Vialidad: los planteos de Cristina Kirchner ante la Justicia
El documento, de 32 páginas, tiene como eje central el pedido para que se le retire el dispositivo electrónico con el que se monitorea su arresto domiciliario, una medida dispuesta por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), encargado de ejecutar la pena. De manera conjunta, la defensa solicitó que no se impongan restricciones adicionales al régimen de visitas, luego de que el juez Jorge Gorini considerara que la fotografía difundida tras el encuentro con nueve economistas implicaba una vulneración de las pautas fijadas.
En ese contexto, Cristina Kirchner rechazó los fundamentos del tribunal y amplió sus cuestionamientos. A las objeciones ya planteadas sumó el pedido de eliminar el límite de dos horas diarias para acceder a la terraza del edificio.
El 17 de diciembre, el juez Gorini —quien hasta ese momento estaba a cargo de la ejecución de la pena, función que este año pasó a su par Rodríguez Giménez Uriburu— dispuso que la ex mandataria solo podía utilizar la terraza «en horas diurnas y por un espacio máximo de dos horas diarias«.
Al fundamentar la decisión, Gorini señaló que «tal como surge de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, es un deber inexcusable el de garantizar a las personas privadas de la libertad el acceso a un espacio al aire libre que pueda servir para el desarrollo de actividades físicas y recreativas».
Sin embargo, la defensa sostuvo que esa limitación resulta «arbitraria». Según el planteo de Beraldi, el acceso a un espacio abierto o semiabierto constituye un derecho básico que debe reconocerse a toda persona privada de su libertad ambulatoria, con el objetivo de resguardar su integridad físico-psíquica.
Para sustentar ese argumento, el abogado citó también las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, el mismo cuerpo normativo al que apeló el juez para justificar la restricción. En el escrito se afirmó que «el contacto con el aire libre no constituye un beneficio de la persona condenada, sino antes bien es un derecho elemental, reconocido en la legislación local y en la normativa internacional que rige en la materia».
Además, la defensa señaló que «no existe ninguna norma que faculte a los jueces a disponer en qué días y en qué horarios una persona que cumple pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria puede acceder al patio, al balcón o a la terraza de su domicilio«.
Beraldi consideró que tanto las restricciones sobre el uso de la terraza como las vinculadas al régimen de visitas «carecen de todo sustento normativo y, por ende, resultan lesivas del principio de legalidad sustantiva y del principio de reserva». También afirmó que la limitación horaria impuesta «consolida una nueva violación al principio de igualdad ante la ley, toda vez que no se conocen antecedentes en los cuales se hayan impuesto restricciones similares a otras personas que cumplen su pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria».
La reunión con los economistas y el régimen de visitas
Otro de los puntos centrales del planteo se relaciona con la reunión que Cristina Kirchner mantuvo con nueve economistas en el living de su departamento, un encuentro que motivó el endurecimiento de las condiciones de su detención domiciliaria.
En el escrito presentado ante la Cámara de Casación, la defensa justificó ese encuentro. «El día 17 de junio, insistimos, lo único que hizo nuestra representada fue reunirse con un grupo de profesionales que le entregaron un plan económico, algo que en modo alguno puede ser calificado como una infracción a las obligaciones impuestas o acaso una violación a las pautas del sentido común o normas de seguridad imperantes».
A partir de ese episodio, el Tribunal dispuso un régimen de visitas más estricto. Según lo establecido, las visitas deben tener una duración máxima de dos horas, podrán autorizarse hasta dos veces por semana y no podrán superar el límite de tres personas por ocasión.
La presentación ante la Sala IV busca dejar sin efecto tanto esas restricciones como el uso de la tobillera electrónica y el límite horario para acceder a la terraza. De esta manera, la ex Presidenta procura modificar las condiciones actuales de su arresto domiciliario, mientras continúa el cumplimiento de la condena dictada en la causa Vialidad.