La jueza federal de Nueva York se negó a suspender la orden de traspaso accionario mientras el país apela la sentencia. El Gobierno denuncia violación de la soberanía nacional.
Una causa millonaria con impacto político y económico
La jueza estadounidense Loretta Preska rechazó este lunes el pedido del Estado argentino de suspender la orden judicial que obliga al país a entregar el 51 % de las acciones de YPF a los fondos buitre Burford Capital y Eton Park. De este modo, la magistrada ratificó la orden de traspaso, a pesar de que la Argentina ya inició el proceso de apelación ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York.
Preska consideró que no existían motivos suficientes para conceder el “stay” (suspensión temporal de la ejecución de la sentencia), una medida que hubiera detenido la entrega de los títulos hasta que se resolviera la apelación. La decisión profundiza el conflicto judicial y político en torno al control estatal sobre la petrolera recuperada en 2012, tras la expropiación a medias del paquete mayoritario en manos de Repsol.
El conflicto se remonta a una demanda iniciada por los fondos Burford y Eton Park, que compraron los derechos litigiosos de las empresas Petersen Energía (exaccionista de YPF) y alegaron que la Argentina violó el estatuto de la compañía al no lanzar una oferta pública de adquisición cuando estatizó la petrolera.
En septiembre de 2023, Preska falló en su favor y ordenó una indemnización cercana a US$ 16.100 millones, sentencia que Argentina busca revertir vía apelación. Sin embargo, el pasado 30 de junio, la jueza dio un nuevo paso al ordenar que se transfiera el 51 % de las acciones de YPF al Bank of New York Mellon en un fideicomiso, lo que implica de hecho la pérdida del control estatal.
Los pedidos argentinos
El equipo legal argentino pidió la suspensión de esa entrega argumentando que la transferencia es “irreversible” y afecta gravemente los intereses públicos del país, además de violar la Ley de Soberanía Hidrocarburífera y la Ley de Inversiones Extranjeras, que prohíben la cesión del paquete accionario sin aprobación parlamentaria.
También alegaron que la medida entra en colisión con la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA), que protege a los Estados extranjeros de ejecuciones forzadas sin consentimiento.
A pesar de estos argumentos, Preska ratificó el avance del fallo, dejando abierta la vía para que los fondos buitres tomen control del paquete mayoritario, o incluso vendan esas acciones en el mercado.
Apelación y pulseada judicial
El Gobierno argentino ya presentó una apelación formal ante la Corte del Segundo Circuito, que podría tratar el caso en las próximas semanas. Si el fallo resultara adverso, el país aún tendría la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de los Estados Unidos, aunque ese proceso podría demorar más de un año.
Mientras tanto, el riesgo de embargos y de que los fondos buitre avancen sobre activos estratégicos de YPF o incluso su venta parcial, mantiene en alerta al oficialismo, a los mercados y a sectores de la oposición.
Una disputa que trasciende lo legal
La causa por YPF se convirtió en uno de los mayores litigios financieros contra el Estado argentino en el exterior. Pero también condensa una disputa por la soberanía energética, el rol del Estado en sectores estratégicos y el poder del capital financiero en tribunales extranjeros.
No vemos autoridad alguna en un tribunal yankee para dictaminar sobre el futuro de un sector estratégico en nuestro. YPF nunca tuvo, ni tendría que estar en manos del capital extranjero.
Ante esta estafa hay que invertir la discusión en clave soberana: nacionalización completa de YPF, sin pagar a nadie. Una empresa 100%estatal, controlada por sus técnicos, trabajadores y usuarios, con una profunda discusión social sobre su uso es la mayor garantía para utilizar esos bienes para solventar las necesidades de las mayorías populares y no las ganancias de un puñado de capitalistas, extranjeros o criollos.