Tras años de dilaciones vergonzantes, de maniobras arteras y de recusaciones irrazonables que solo pretendieron empantanar el accionar judicial, la expresidenta Cristina Kirchner ha comenzado a enfrentar el peso de la ley. La causa Vialidad dejó de ser una posibilidad de encierro para convertirse en una condena firme de cumplimiento efectivo con prisión domiciliaria durante seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. No es más que el inicio de un proceso que recién comienza, luego de décadas de complicidades y pactos de impunidad en torno a gigantescos hechos de corrupción en el poder.
Lo que está en juego con el avance de los juicios no es solo el destino procesal de una exmandataria, sino el porvenir de nuestras instituciones
Parte de la Justicia, tantas veces adormecida por presiones políticas o sumida en una modorra funcional al poder, da muestras de haber comenzado a sacudirse de ese bochornoso letargo. Tras la confirmación de aquella condena por parte de la Corte Suprema, la exmandataria deberá comparecer próximamente en, al menos, tres juicios orales de enorme gravedad institucional: la causa denominada “los cuadernos de las coimas”, el caso Hotesur-Los Sauces y el pacto con Irán. Cada uno de estos expedientes no es reflejo de una mala praxis por desconocimiento, sino producto de una trama deliberada de corrupción sistémica, venalidad y degradación moral al frente de la función pública.
Durante años, la defensa de la exmandataria no escatimó artilugios jurídicos para eludir su destino judicial: desde la recusación sin fundamentos de más de una decena de magistrados hasta la falaz invocación de persecuciones políticas montadas en el eufemismo de lawfare. Se trata de una vil estrategia tendiente a deslegitimar al sistema judicial para evitar rendir cuentas. ¿Alguien le ha escuchado decir alguna vez a Cristina Kirchner que es inocente o la ha visto mostrar pruebas que la alejen de toda sospecha? Nunca su plan fue demostrar que está libre de culpa y cargo. Por el contrario, basa su supuesta defensa en repartir culpas a diestra y siniestra, invocando inexistentes conspiraciones político-judiciales y globales. Ningún país serio puede permitirse que quien ha ocupado la más alta magistratura utilice la investidura con la que la ciudadanía la distinguió como un escudo contra el libre accionar de los poderes de la república.
La Justicia tiene la obligación de demostrar que no hay intocables y que los delitos cometidos desde el poder deben recibir una condena ejemplar
El caso quizá más paradigmático, el más vasto de corrupción de nuestra historia democrática, es el de “los cuadernos de las coimas”, que desnuda una tan perversa como ilegal maquinaria para permitir al Estado cobrar peaje por hacer lo que la ley ya le ordenaba realizar. Cristina Kirchner y 74 imputados comenzarán a ser juzgados el 6 de noviembre próximo. Decenas de empresarios admitieron haber pagado sobornos para mantener sus contratos de obra pública y numerosos funcionarios aceptaron haberlos cobrado. La expresidenta está acusada de haber sido jefa de una asociación ilícita. Oscar Centeno, un exchofer del Ministerio de Planificación, entonces a cargo de Julio De Vido, registró en cuadernos los viajes que hacía con funcionarios –entre ellos, Roberto Baratta, mano derecha del exministro– para retirar sobornos pagados por empresarios. Son 626 los testigos citados a ese juicio. Esa cifra podría ser todavía mayor si los magistrados sumaran los pedidos por las partes que, de ser necesario, podrían ser citados. No cabe duda de que nuevamente las defensas intentarán interponer numerosas chicanas para intentar demorar el proceso.
No hay excusa que puede amparar ni justificar el latrocinio de las arcas públicas
El caso Hotesur-Los Sauces exhibe la lógica de los retornos: la Justicia tiene sobradas pruebas de contratos de alquiler falsos que enmascaraban pagos ilegales por parte de empresarios favorecidos con obra pública. Una operación estructurada con meticulosidad delictiva para lavar abultadísimos montos de dinero. La Corte confirmó en diciembre el fallo de la Cámara de Casación que había anulado el sobreseimiento de Cristina Kirchner en ese expediente, y ordenó realizar el correspondiente juicio oral. La hipótesis de este caso, vinculado con la causa Vialidad, es que, como contraprestación por haber recibido millonarios contratos de obra pública, Lázaro Báez transfirió al patrimonio de los Kirchner millones de pesos “justificados” como contratos de alquiler de habitaciones de sus hoteles en El Calafate. Paralelamente, Cristóbal López, que obtuvo otros beneficios del kirchnerismo, transfirió dinero a los Kirchner como pago por el alquiler de departamentos.
Otra de las causas, la del memorándum con Irán, evidencia el peligroso desvío de la política exterior hacia fines inconfesables, encubriendo a los responsables del atentado contra la sede de la AMIA, el más atroz en nuestro suelo. También aquí la Corte Suprema ya despejó el camino para realizar el juicio oral al rechazar por unanimidad a fines del año pasado un recurso de Cristina Kirchner, a quien se juzgará por los delitos de encubrimiento y abuso de autoridad.
Estas causas no son producto de conjeturas ni de relatos de ocasión. Se basan en pruebas documentales, testimoniales y peritajes que sostienen con contundencia las imputaciones. Muchos de los jueces que hoy procesan y condenan fueron designados durante las gestiones de la propia acusada. No hay persecución, hay evidencias. Aun así, Cristina Kirchner persiste en su intento de manipular la opinión pública desde su prisión domiciliaria, convertida en escenografía política, aunque la realidad va demostrando el ocaso cotidiano de su convocatoria a defender lo indefendible.
La condenada pretende transformar su condena en otro show. Aspira a que el encierro, que debería ser el cumplimiento sobrio de una pena dictada con todas las garantías del debido proceso, se transforme en una tribuna militante. El mensaje es peligroso: que las penas pueden ser relativizadas si el condenado tiene poder y que el encierro pueda fungir como plataforma desde la cual seguir desafiando el orden institucional.
La prisión domiciliaria es un derecho previsto por la ley, pero no puede transformarse en un privilegio ni en una licencia para vulnerarla. Que la expresidenta continúe arengando desde su departamento, generando disturbios en el barrio, instalando discursos de victimización, queriendo recibir visitas sin límites transformando su cárcel domiciliaria en una unidad básica y deslegitimando al Poder Judicial es una afrenta al principio de igualdad ante la ley. La responsabilidad de poner fin a este nefasto espectáculo recae sobre la Justicia.
El país ha sido testigo de una degradación institucional sin precedentes. El saqueo de lo público, la cooptación de organismos de control, el uso faccioso del Estado y la instalación de una cultura de la impunidad han dejado cicatrices que llevará tiempo y esfuerzo sanar. La corrupción no es un delito menor ni una falta ética: es una traición a la confianza ciudadana.
Lo que está en juego en estos juicios no es solo el destino procesal de una exmandataria, sino el porvenir de nuestras instituciones. La Justicia tiene ahora la posibilidad –y la obligación– de demostrar que no hay intocables, que el pasado puede ser juzgado y que los delitos cometidos desde el poder deben recibir una condena ejemplar. No hay excusa que pueda amparar y mucho menos perdonar el latrocinio a las arcas públicas.