El juez federal Sebastián Casanello impulsó una serie de medidas de prueba en el tramo conexo de la Ruta del Dinero K, donde se encuentra imputada Cristina Kirchner. El expediente fue reabierto por orden de la Cámara Federal porteña durante el año pasado y lo que se pidió fue profundizar la investigación para determinar el rol de la ex vicepresidenta en las operaciones de lavado de dinero que encabezó Lázaro Báez -por las cuales ya fue condenado- con su firma Austral Construcciones. Circuitos de los fondos de la empresa, cheques emitidos, son algunos puntos que el magistrado pide clarificar.
La Cámara había revocado el sobreseimiento que Casanello (por pedido de Marijuan) había firmado a favor de Cristina Kirchner.
Después de aceptar como querellante a la asociación civil Bases Republicanas, los jueces de la Sala II del tribunal aceptaron su reclamo: el rechazo frente al criterio de excluir a la vice del expediente. Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi -con la disidencia de su colega Eduardo Farah- ordenaron la reapertura de la investigación y que volverá a manos de Casanello.
Ante este escenario, en octubre pasado el fiscal Marijuan volvió a intervenir, y reiteró su criterio: dijo que no hay elementos de prueba suficientes para incriminar a la expresidenta y exsocia comercial de Lázaro Báez, quien ya fue condenado a diez años de cárcel por haber lavado 55 millones de dólares con su empresa Austral Construcciones, la misma que, según se estableció en el caso Vialidad, se vio beneficiada con 51 contratos viales adjudicados de forma irregular.
Hay que recordar que más allá de la enumeración de argumentos bajo los cuales el fiscal afirma no haber podido probar la participación de Cristina en «esta concreta y puntual maniobra de lavado de dinero», Marijuan había sumado un inédito trabajo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo) en el que se analizaron las líneas telefónicas asignadas a la vice entre 2010 y 2013 y el cruce de las mismas con las de Báez arrojó un total de 372 comunicaciones en poco más de dos años.
Este tramo residual de la Ruta del Dinero K se centró en el vínculo entre Cristina y Báez, «para determinar y establecer su posible coautoría o participación en esa concreta y puntual maniobra de lavado de dinero». Nade de lo investigado, opinó Marijuan, es suficiente para acusar a la ex vice.
La investigación del juez
Con el expediente radicado en su juzgado, Sebastián Casanello una serie de medidas de prueba para responder al planteo de la Cámara Federal.
En primer término, el juez encomendó a la DAJUDECO -la oficina judicial de escuchas telefónicas y pericias- un estudio contable sobre la cuenta corriente de Austral Construcciones radicada en el Banco Nación, para “reconstruir el flujo de fondos desde la repatriación del dinero”.
Según se determinó en este caso, el ex socio comercial de Cristina Kirchner fue el eslabón esencial e indiscutible de una estructura que durante tres años (2010-2013) lavó 55 millones de dólares. Nada se podría haber materializado sin Austral Construcciones, la firma insignia de Báez que inició su actividad en mayo de 2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada.
La ruta de los fondos
Cuando confirmó la condena por blanqueo en la ruta del Dinero K, la Casación Federal constató que todos los acusados conformaron una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, «por medio de la cual se canalizaron, transfirieron, disimularon, ocultaron y se pusieron en circulación en el mercado, fondos procedentes de delitos».
Este circuito tuvo como objetivo «cortar todo lazo con su fuente ilegal e integrar esos activos al circuito económico formal bajo una apariencia lícita». Esto se logró a través del mecanismo llamado de “cable” o “compensación”. Así lograron expatriaron grandes sumas dinerarias.
Sobre este punto vuelve a profundizar el juez Sebastián Casanello con el pedido a la DAJUDECO.
Para esta operación fue indispensable utilizar los servicios financieros y bancarios de una institución intermediaria que tuviera cuentas en bancos en el extranjero, lo que permitía la compensación de «montos dinerarios de quienes pretendían transferir divisas hacia el exterior y de quienes querían repatriarlas por fuera de los mecanismos de control vigentes».
En función de ese punto es que el juzgado pidió información pericial que involucra la “maniobra de bonos en diciembre de 2012 y abril de 2013”.
Otro de los aspectos que busca analizar el magistrado refiere al “depósito de los cheques emitidos por la sociedad de bolsa producto de la venta de bonos de Helvetic Services Group con dinero que estaba en Suiza hasta fines de 2016, cuando Austral entró en quiebra”.
¿Por qué se pide esto? Parte del entramado de lavado pasó por la financiera SGI -la «Rosadita»– que fue conocida por las imágenes en las que, entre whiskys y cigarros, Martín Báez y otros ex socios de Lázaro contaban cinco millones de dólares.
La condena de la Ruta del Dinero K sostiene: «se probó que el dinero así depositado en el extranjero ingresaba a las cuentas de diversos bancos internacionales –generalmente con bajos controles fiscales- a nombre de otras personas jurídicas, que los acusados luego circularon».
Finalmente el dinero se reunió en una cuenta a través de la cual se adquirieron bonos de deuda pública que posteriormente «fueron liquidados en la plaza local, simulando una supuesta inversión multimillonaria de una empresa fiduciaria suiza para adquirir acciones de la empresa Austral Construcciones».
La queja de la Cámara
Cuando se ordenó reabrir el caso contra Cristina Kirchner, la Cámara de apelaciones dijo que se había prescindido de una serie de datos que debían analizarse: “una evaluación integral que exigía, por ejemplo, la incorporación de la prueba sostenida por su par del Ministerio Público en el alegato de la causa Vialidad (Diego Luciani), que informó acerca de numerosísimos elementos agregados en ésa y otras causas, que dan cuenta de la relación entre Lázaro Báez y Cristina Fernández de Kirchner, sus negocios en común, los beneficios mutuos que esa relación tuvo, y podría llegar a seguir teniendo lo que sí resaltó la querella en su reclamo”.
Siguiendo ese razonamiento, los camaristas entendieron que «nunca se analizaron los distintos grados de participación criminal de la imputada para determinar los elementos de prueba que colocan a cada uno de los responsables en el peldaño de responsabilidad que les corresponde, limitándose solo a emparentar a Cristina Kirchner con Lázaro Baez, pero sin precisar el rol que le habría cabido a cada uno».