El presidente Javier Milei declaró secreta la ”operación contractual para la adquisición de un sistema antidrones” del Ministerio de Seguridad. Lo dispuso mediante el decreto 21/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, por motivos de seguridad nacional.
Esta compra por parte del área de Seguridad se basa en “la necesidad imperiosa de mejorar las capacidades técnicas en relación con distintas amenazas que representan los Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) o ‘drones civiles’, debido a su fácil adquisición, amplio alcance, facilidad de traslado y simplicidad de uso, que pongan en riesgo objetivos estratégicos o que atenten contra la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías”.
Según el decreto, el Ministerio de Seguridad ha encontrado diversos peligros en “el uso de drones civiles, tanto a nivel nacional como internacional, entre los que se pueden resaltar ataques con drones de naturaleza terrorista, deliverys con drones en el ámbito de distintas Unidades Penitenciarias, el uso de este equipamiento con explosivos a efectos de facilitar fugas de personas alojadas en el ámbito de dichas Unidades, entre otros”.
La adquisición del sistema antidrones tendría como objetivo “mitigar el uso indebido de los Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) que puedan atentar contra la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes”.
A fines de diciembre, en el Congreso de la Nación, se denunció un extraño episodio: dos personas rusas pidieron la devolución de un dron de pequeñas dimensiones, marca DJI, modelo MAVIC minio PRO4, que se les había extraviado.
Los ciudadanos dieron a conocer a la seguridad del Congreso el área dónde pensaban que se había perdido el dron y pidieron que, de hallarse, lo llevaran a la comisaría correspondiente al Congreso dónde ellos lo pasarían a buscar.
Este pedido llevó a que la Cámara de Diputados diera la autorización para buscar el dron en el edificio. Cuando lo localizaron, se presentó a la comisaría y tres ciudadanos rusos se presentaron a buscarlo.
En esta ocasión, se pidió al Juzgado Federal n° 2, de Sebastián Ramos, que investigara lo sucedido. El juzgado identificó a los ciudadanos rusos dueños del dron como Pavel Bandurin, Igor Lomakin y Vitaly Kharlabo.
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