Mediante el decreto 1112/2024, el Gobierno de Javier Milei autorizó a las Fuerzas Armadas a participar en tareas de seguridad interior, como la respuesta ante amenazas terroristas y la colaboración en el control fronterizo.
Con esta medida, la administración de Milei derogó el decreto 727/2006, que había prohibido previamente la participación militar en operaciones de este tipo.
El nuevo decreto habilita a las fuerzas a intervenir ante agresiones de actores como organismos paraestatales extranjeros, terroristas u otras organizaciones transnacionales que puedan afectar los intereses estratégicos del país.
Además, contempla la posibilidad de que las Fuerzas Armadas colaboren en la vigilancia y control de las fronteras para reforzar la seguridad en áreas sensibles.
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Para cumplir con estos nuevos objetivos, se implementará un plan de capacitación y adiestramiento acorde al nuevo marco legal. Las Fuerzas Armadas estarán preparadas para enfrentar amenazas provenientes de organizaciones extranjeras, tanto estatales como no estatales.
El enfoque de esta nueva preparación tendrá en cuenta escenarios urbanos, en los que el combate a un grupo terrorista se pueda dar a corta distancia, sin el despliegue de tropas abiertas, lo cual difiere de las operaciones militares tradicionales en escenarios de guerra convencional.
La nueva doctrina
Fuentes oficiales indicaron al medio TN que se realizará un diagnóstico exhaustivo sobre los cambios necesarios, dado que los efectivos actuales de la Armada, Ejército y Fuerza Aérea Argentina están entrenados para confrontar a otro país en un conflicto armado.
Ahora, la lógica cambiará, implementando una nueva doctrina, con ejercicios y entrenamientos adaptados a las nuevas realidades.
Las Fuerzas Armadas ya están trabajando en este nuevo plan de entrenamiento, que podría incorporar conceptos utilizados por fuerzas nacionales que luchan contra el narcotráfico y el terrorismo, como la Gendarmería, o por fuerzas extranjeras.
El objetivo es agilizar y mejorar la coordinación con las fuerzas de seguridad. «Es importante que la información fluja y que existan oficiales de enlace o centros de coordinación para operar con mayor rapidez«, aseguraron.
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Fuentes del Ministerio de Defensa confirmaron que el planeamiento actual implica adaptar los entrenamientos y la doctrina a esta nueva realidad operativa. Las tres ramas de las Fuerzas Armadas deberán estar preparadas para actuar dentro de este renovado marco.
Una de las organizaciones cuyos aprendizajes se adoptarán es el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz (CAECOPAZ), donde efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada reciben formación en conocimientos y técnicas que posteriormente aplican en misiones de paz en el marco de la Organización de las Naciones Unidas.
La formación inicial de los militares no incluye la participación en tareas de seguridad interior, ya que está enfocada en situaciones de combate frente a otros países. Por este motivo, desde el Gobierno de Milei se considera necesario modificar la doctrina de los efectivos para adaptarlos a los nuevos desafíos.
La propuesta del Gobierno de Javier Milei, con Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa, es «modernizar» el rol de las Fuerzas Armadas, que hasta ahora se limitaba a actuar ante agresiones bélicas de otras naciones.
En la Casa Rosada se afirma que el decreto anterior, que impedía la intervención militar frente a amenazas terroristas, «respondía a un sesgo ideológico kirchnerista«.
El primer artículo del nuevo decreto aclara que se considerarán amenazas todas las acciones o mensajes explícitos de potenciales opositores que, teniendo la capacidad, muestren la intención o den indicios de causar perjuicios contra los intereses vitales de la Nación, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 y su modificatoria.
El decreto también establece que, durante las operaciones militares, las Fuerzas Armadas podrán proporcionar su propia seguridad para defenderse de agresiones que pongan en peligro la vida de los efectivos o afecten gravemente los recursos necesarios para la Defensa Nacional.
Asimismo, se acordó un marco de cooperación más estrecho entre las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y otras agencias del Estado, con el objetivo de brindar una respuesta integral y coordinada ante situaciones de catástrofes o crisis que amenacen la seguridad nacional.
Esta colaboración es clave para optimizar los recursos y asegurar la efectividad en la protección de los ciudadanos.
Adicionalmente, aunque se trata de una reglamentación separada, el presidente Javier Milei autorizó el envío de militares para custodiar objetivos estratégicos frente a amenazas de terrorismo o crimen organizado, tales como centrales nucleares, usinas eléctricas, represas, radares e instalaciones de seguridad nacional.