Patricia Bullrich firmó una resolución para crear su propia tropa de espías, una Unidad Especial de Agentes Encubiertos que dependerá de su cartera y estará integrada por agentes de las distintas fuerzas federales.
La nueva división se moverá en el delicado límite de la legalidad ya que en la resolución sostiene que los espías estarán destinados a la investigación de delitos complejos pero en ningún lugar dice expresamente que dependerán de autoridades judiciales. Solamente prevé que la Unidad entregará al Poder Judicial un listado de agentes que trabajarán en el territorio de encubierto.
La directora de la agencia será Graciela Kowalewsky quien dependerá de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad a cargo de Carlos Manfroni, un polémico abogado de mucha confianza de Bullrich defensor de los militares condenados por delitos de lesa humanidad, que editorializaba en la revista Cabildo y es un ferviente militante contra la «agenda woke».
«Deberá arbitrar los mecanismos a los efectos de respaldar en la faz operativa al agente designado, asistiéndolo con las herramientas necesarias para su actividad, teniendo en cuenta la investigación en particular», señala la resolución que no deja muy en claro la especificidad del grupo, cantidad de integrantes, funciones u organigrama.
Pero lo más delicado es que en ningún momento explicita qué tipo de información recabarán, qué circulación harán esos datos y qué mecanismos de control tendrán para evitar filtraciones o que se utilicen de manera arbitraria y discrecionalmente.
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