El Consejo de Europa ha emitido un nuevo dictamen en el que ofrece recomendaciones a los estados miembros, entre ellos España, para garantizar la independencia de los fiscales y destaca que se debe impedir que los gobiernos puedan influir en el nombramiento de fiscales generales y debe haber un proceso con garantías cuando son destituidos antes de que finalicen su mandato.
En una nota de prensa, recogida por Europa Press, el Consejo de Europa –organización intergubernamental de la que forman parte 46 estados europeos– informa de que en su nuevo dictamen, el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos (CCPE) –dependiente de él– busca «garantizar la independencia e imparcialidad» del Ministerio Público.
Advierte de que esa independencia e imparcialidad de los fiscales «son cruciales para el buen funcionamiento de los sistemas judiciales y del Estado de Derecho, así como para la confianza pública en la justicia».
Y subraya que el dictamen se centra sobre todo en el papel central de los jefes de las fiscalías para garantizar esa independencia. «La independencia e imparcialidad de la Fiscalía depende en gran medida de la independencia e imparcialidad de sus directores y de su papel en relación con los fiscales individuales», abunda el informe.
El Consejo de Europa explica que, en particular, «debe impedirse la influencia del poder Ejecutivo en su nombramiento o elección, deben determinarse criterios claros y objetivos para su selección, deben establecerse normas y procedimientos claros para los procedimientos disciplinarios y deben existir garantías sobre la posibilidad de destituirlos antes de que finalice su mandato».
A juicio de este organismo, estos principios permiten a los jefes de las fiscalías «ser plenamente independientes y, en consecuencia, gestionar sus servicios de forma independiente e imparcial, velando por la aplicación de criterios transparentes y objetivos para la contratación, la promoción y otras cuestiones relacionadas con la carrera de los fiscales».
Entre las recomendaciones incluye también que se debe avanzar en la eficiencia en el trabajo de los fiscales jefes, en el fomento del uso de tecnologías modernas y la gestión de casos, así como el fortalecimiento de la cooperación internacional entre las fiscalías.
TRANSPARENCIA EN LA ELECCIÓN
El dictamen, en 18 páginas, recoge que es fundamental que exista transparencia en la elección de los fiscales generales, con «criterios objetivos de elegibilidad» y con «exclusión de interferencias indebidas en el nombramiento». Añade que deben darse «las salvaguardas relativas a su destitución y a la intromisión indebida en su labor».
Al hilo, el CCPE reconoce que, si bien hay diversidad de sistemas y modelos jurídicos en Europa para ese nombramiento, coincide con la posición de la Comisión de Venecia al subrayar que se debe lograr «un equilibrio adecuado entre el requisito de legitimidad democrática en dichos nombramientos, por un lado, y la necesidad de despolitización, por otro».
Y añade que si los gobiernos tienen «cierto control sobre el nombramiento de los fiscales generales», es importante que el método de selección sea tal que cuente con «la confianza y el respeto de la opinión pública, así como de los miembros del sistema judicial, del sistema de fiscales y de los juristas».
Además, entiende que si bien es lógico que los gobiernos quietan mantener cierto control en el nombramiento «debido al papel crucial que desempeña (…) en la aplicación de las políticas nacionales de derecho penal», una forma de reducir el riesgo de politización sería «mantener al mínimo el papel del Ejecutivo en el nombramiento, o acompañarlo de salvaguardias muy importantes».
«Otra forma de reducir los riesgos de politización, ya sean reales o percibidos, es garantizar un procedimiento transparente para la selección de los fiscales generales», aclara, añadiendo que sería bueno «establecer criterios de elegibilidad para los candidatos al cargo de fiscal general que sean objetivos, transparentes y basados en el mérito».
EXPERIENCIA Y DETERMINACIÓN JURÍDICA
En este sentido, el dictamen aclara que «siempre se debe verificar que los candidatos al cargo de fiscal general tengan la experiencia y determinación jurídica necesaria» y que además se eviten situaciones de «cualquier posible conflicto de intereses».
Requisito primordial es que los candidatos tengan una formación jurídica y profesional adecuada, a fin de garantizar la capacidad de dirigir eficazmente el servicio de la Fiscalía», añade para sumar que si es posible la lista de candidatos debería estar sujeta a revisión judicial.
PERIODOS LARGOS
Por otro lado, el Consejo de Europa indica que los fiscales generales deben ser nombrados o elegidos por un período «suficientemente largo o de manera permanente» para garantizar la estabilidad de su cargo y hacerlos inmunes a los cambios políticos.
Al hilo, considera que se debe proteger esa figura «frente a cualquier destitución arbitraria o por motivos políticos». «Sólo debe basarse en motivos claros y objetivos y, por tanto, la destitución anticipada de los fiscales generales debe ser de última ratio y debe tener en cuenta la gravedad de las razones», añade.
El Consejo de Europa también pone el foco sobre las normas éticas y profesionales, y las normas predeterminadas sobre los procedimientos disciplinarios aplicables a los fiscales generales, y resalta que «son muy importantes para salvaguardar su independencia, así como su imparcialidad». Entiende que los fiscales generales deben estar sujetos a procesos disciplinarios.
Pero avisa de que esa acción disciplinaria «debe ser realizada por un organismo independiente e imparcial» que garantice «una audiencia justa y de un proceso justo».
«La independencia e imparcialidad en los casos que involucran a fiscales de alto rango se pueden garantizar por diferentes medios, como por ejemplo, mediante la actuación de un órgano separado fuera del sistema de procesamiento, garantías especiales para la toma de decisiones independiente a pesar de la estructura jerárquica, escrutinio público, medidas de control u otras medidas», abunda.
RENDICIÓN DE CUENTAS
Por otro lado, recalca que la rendición de cuentas de los fiscales generales «no tiene por objeto interferir en su independencia» sino que «es una forma de garantizar que los servicios de Fiscalía se gestionan de manera independiente, imparcial y eficaz» a fin de contribuir a un mejor funcionamiento del sistema de justicia.
«Los mecanismos de rendición de cuentas son esenciales para fomentar la confianza pública en el sistema de Justicia» y para evitar abusos de poder, incide.