Continúa el debate del proyecto de Presupuesto 2025 en la Cámara de Diputados con convocatorias a funcionarios del Poder Ejecutivo. En ese marco, autoridades de la Secretaría de Educación de la Nación hicieron hincapié en uno de los puntos más criticados por los bloques opositores: el financiamiento de la universidad pública.
En ese marco, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, explicó la metodología para establecer partidas para la educación superior. «Antes no había ninguna razonabilidad en la distribución del Presupuesto. ¿Sabe cómo se distribuía el Presupuesto antes? Por lobby en este Congreso. Aquel diputado que tenía mayor vínculo con universidades lograba mayores índices de Presupuesto«, dijo y aseguró que: «No hay ni un sólo programa que hoy se encuentre desfinanciado: tenemos el 100% de los programas y las carreras de las universidades financiadas».
Además se refirió al reclamo de la Universidad de las Artes de este miércoles: «Ayer los vimos haciendo bailes en la Estación de Once, que me parece muy bien». «La Universidad de las Artes tiene una de las administraciones más desastrosas que existen en las universidades públicas, teniendo siete edificios en alquiler. […] No hicieron ninguna previsión presupuestaria y no organizaron ninguna manera de encarar una planificación, simplemente era pedir plata», dijo y añadió que «no cabe ninguna duda que es universidad no es oficialista y va a tener un aumento del Presupuesto de 431%, comparando con el 2024».
El funcionario indicó que continúa el programa de las Becas Manuel Belgrano para estudiantes de ingenierías, pero reconoció que «nosotros no aprobamos el financiamiento nuevo para carreras como Derecho o similares que tienen muchísima oferta y que hoy no son prioritarias para el desarrollo del país«.
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Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias.
Luego reiteró que existe adoctrinamiento en las universidades, que definió como «la imposición de una línea política a partir del uso abusivo de una posición de autoridad. Esto es cuando un docente, como tenemos muchos casos, que le dicen a un alumno que si es liberal no aprueba la materia o el caso de que autoridades les impiden a agrupaciones no oficialistas a presentarse a elecciones».
Por su parte, Alejandro Finocchiaro (PRO) recordó que su bloque negoció su voto a favor del veto a la ley de financiamiento universitario a cambio de una mejora salarial para los trabajadores de menores ingresos. «¿Ya se liquidó esa garantía?», indagó el legislador. «Está en ejecución y en proceso de pago. En el próximo salario va a ir», ratificó Álvarez.
Presupuesto 2025: debate por financiamiento educativo
El debate en torno al financiamiento educativo es uno de los más esperados en el ámbito legislativo, no sólo por la demanda universitaria sino también por el artículo 27 del proyecto de Presupuesto 2025, que suspende el porcentaje mínimo de inversión que le corresponde al Sistema Nacional de Ciencia, de Educación Técnico Profesional y de Educación Nacional. El piso propuesto era del 6% del PBI, una meta que sólo se alcanzó en 2015 y que contempla también los gastos de las provincias.
En simultáneo, el artículo 17 del proyecto de Presupuesto 2025 fija una suma en torno a los $3,8 billones para financiar «gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales«. La respuesta del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) fue exigir casi el doble -$7,2 billones- a través de un comunicado en donde se retoma la discusión que se sostiene en las últimas semanas: los cálculos del Gobierno no contemplan el incremento salarial de los trabajadores universitarios, reclamo que continúa con medidas de fuerza.
Mientras el propio CIN estima que hasta septiembre de este año hubo una diferencia negativa del 77,6% entre los incrementos salariales y la inflación, el oficialismo reitera el argumento de que es el sector mejor pago del ámbito estatal. Al igual que los últimos aumentos a los universitarios, que no fueron acordados en paritarias sino que se establecieron discrecionalmente horas antes del debate en Diputados, al resto de los trabajadores estatales les impusieron una suba de haberes del 3% en los últimos dos meses.