Una buena medida de las cosas, se sabe, es compararlas con otras de la misma especie o de una especie parecida. El 13,2% que plantó la inflación de febrero es el numerazo que pregona Javier Milei si se lo mide contra el 25,5% de diciembre o el 20,6 de enero y así, con mucho viento a favor, pasa por una desaceleración del proceso inflacionario.
Pero el 13,2% que el Presidente encomia como un efecto del “trabajo formidable” del ministro Luis Caputo ya no es un gran número, sino el número grande y muy grande que en verdad es y se comprueba en planillas del propio INDEC. Se advierte ahí que en la serie de 85 meses que arranca a partir de enero de 2017 sólo dos períodos superan al 13,2%: justamente, diciembre de 2023 y enero de 2024. O sea, hay 82 más bajos.
De la misma saga, tenemos que la inflación argentina de febrero más que triplica al 3,9% anual de Brasil y pasa de largo al 1,2% mensual que marcó Venezuela y al 2,5 de Bolivia. En medio de un desbarajuste acumulado durante años, quedamos como el único país de la región que supera el 200% anual, con un 276% que encima le saca 174 puntos porcentuales al índice de hace un año.
Igual a un pacman ultra voraz, en tres saltos el indicador del INDEC se comió el 60% del ajuste cambiario que Milei gastó en su debut. Entre diciembre y febrero subió 71% contra un aumento del 118% en el tipo de cambio oficial, provocando un fogonazo que aún sigue vivo sobre un sistema de precios liberados y sin regulaciones.
Fue un adelanto del mega ajuste a todo vapor que apunta a instalar la era del superávit fiscal permanente y, en continuado, desinflar el peso del Estado económico y del Estado político. Bastante de ese operativo, en el que anida el objetivo de pegarle un volantazo a las relaciones de poder, aparece en el debate por los DNU de Milei y la llamada Ley Ómnibus; mejor dicho, en los contenidos y en las implicancias de ambos.
En tándem con la motosierra, la licuadora inflacionaria funcional al plan del Gobierno ya le ha sacudido un guadañazo del 38% real al gasto público del primer bimestre de 2024 respecto del mismo período del 2023. Para que se entienda mejor, el saque representa nada menos que 5,5 billones de pesos o, si se prefiere, US$ 6.460 millones al tipo de cambio oficial.
El más grande en 30 años
Eso que algunos analistas llaman “ahorro” significa el recorte más grande para un bimestre de los últimos 30 años, según datos del Iaraf, un instituto especializado en el análisis de las cuentas públicas.
Previsible, harto conocido, el shock fue derecho sobre las jubilaciones y pensiones apelando a una fórmula que logró instaurar el kirchnerismo y que, en los hechos, es una indexación a medias y a la medida de los ajustes. Puesto en plata, fue un sablazo de 1,9 billones pesos sobre los ingresos de unas 7 millones de personas que no viven precisamente en el mejor de los mundos.
¿Y qué remedio habría para una pérdida que va sobre un tercio largo de los haberes? Habría otro clásico de estos tiempos: un bono de $ 70.000 que obviamente no cubre el agujero que dejó la inflación de enero y mucho menos el retraso acumulado durante años.
Más de lo mismo hay de seguido en la fórmula que el Gobierno anunció para reemplazar a la actual: que después de un aumento del 12,5% en abril, a partir de mayo las jubilaciones sigan ahora sí a la inflación que marca el INDEC. Clarísimo: el saque que sostiene gran parte del superávit fiscal del primer bimestre no se toca, o sea, “pelito para la vieja”.
Y así lo haga a su manera, el caso es que presionado por la oposición y sobre todo por un problema que quema y ya no resiste más gambetas, Milei debió aceptar el costo de ser él quien cambia la movilidad jubilatoria K. Por decreto y adelantándose a la sanción de una ley que prometía batifondo grande en el Congreso.
De vuelta a la podadora del bimestre enero-febrero, después del gasto previsional continúan los $ 748.000 millones que le tocaron a la inversión pública, esto es, un bajón del 82% contra el mismo bimestre de 2023 que parece anticipar el fin del Estado presente en obras de infraestructura productiva y social básicas y ausentes. Debiera suponerse que el Gobierno buscará fuentes alternativas, porque si hay algo que el país paga caro es justamente ese déficit estructural.
A propósito, un dato que es también una luz amarilla: en América latina la inversión pública promedia alrededor del 3,9% del PBI y en la Argentina no llega al 2% desde 2017, o sea, anda por la mitad o menos de la mitad de la que existe en países comparables al nuestro, si no rezagados respecto del nuestro.
Con $ 632.000 millones en subsidios energéticos y $ 385.000 millones en el gasto salarial, el ahorro fiscal del primer bimestre escala a 3,6 billones en solo 4 capítulos del Presupuesto Nacional que medidos en plata representan el 66% del total. Más de la mitad del 66% sale de las jubilaciones y pensiones.
La conclusión al final de este cuadro es que la licuadora inflacionaria sola no alcanza y que hay algunas partidas que no dan para más ajustes. Peor, si se quiere, es que cada vez más la inflación luce como un socio demasiado peligroso.
Hay un número medio oculto entre un mar de números de una consultora que habla justamente de estos riesgos: dice aumento del 12% en el costo de los alimentos de marzo. Quizás parezca aceptable comparado con algunos antecedentes cercanos, salvo por un detalle: con un 12% los alimentos acumularán arriba del 50% en el primer trimestre, lo cual ya no luce tan aceptable que digamos viniendo además de donde venimos.
De donde venimos y hacia adonde vamos, valdría agregar si miramos el cuadro de aumentos tarifarios incluido en el informe de otra consultora.
En el gas, aparecen un 230% en abril y 40% en mayo. Para la electricidad, 115% en mayo. En abril tenemos 209% en agua y 359% en los subterráneos. Hay un saque del 160% para los colectivos del Área Metropolitana pero aún sin fecha definida.
La primera conclusión que surge de semejante andanada augura meses de dos dígitos en continuado y pone entre paréntesis el 8,5%, o el bendito dígito, que los institutos que consulta el Banco Central pronostican para junio. La que sigue es, en realidad, una decisión que se cocina en el Ministerio de Economía y apunta a pegarle un golpe serio a la inflación y a la inercia que la alimenta sin frenos.
El problema es que eso de frenar la inflación era lo primero de lo primero, un objetivo de hierro, en los planes libertarios. Y el shock fiscal, la fórmula que permitiría lograr el objetivo. Hoy tenemos los efectos del ajustazo y la inflación viva y coleando.