El Gobierno volvió a cruzar a Kicillof y comparó la suba del impuesto inmobiliario con la 125

Además de proponer al juez federal, Ariel Lijo, como quinto integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), el Gobierno envió la nominación de abogado, Manuel García-Mansilla, para ocupar el puesto que debe dejar Juan Carlos Maqueda, que cumplirá la edad jubilatoria a fines de 2024.

García-Mansilla es decano de Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Desde 2014, además, es director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH). Es integrante, desde 2010, del estudio Liendo & Asociados.

El Gobierno enviará los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia, como anticipó TN, y luego confirmó el Ejecutivo a través de un comunicado de la Oficina del Presidente. El juez federal fue nominado para cubrir la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco en 2021. Mientras que el decano de la Universidad Austral fue propuesto para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, que cumple la edad jubilatoria a fin de año.

El comunicado anunció que el presidente Javier Milei resolvió nominar a Lijo «con la finalidad de ocupar la vacante dejada en la Corte» por Highton. A su vez indicó que el mandatario «tomó la determinación de nominar» a García-Mansilla «para reemplazar al actual juez de la Corte», Maqueda, «quien cumple 75 años el próximo 29 de diciembre y deberá en esa fecha dejar su cargo, como establece la ley». El texto destacó que «ambas nominaciones permitirán reestablecer el número de ministros de la Corte Suprema a cinco».

El juez federal, Ariel Lijo, candidato de Javier Milei para ocupar la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema de Justicia en octubre de 2021, hace más de dos años.

Lijo comenzó en el mundo judicial trabajando como secretario de la excamarista federal Luis «Piru» Riva Aramayo y fue nombrado juez federal en el año 2004. Junto a Guillermo Montenegro, Daniel Rafecas y Julián Ercolini, ganó un concurso en el que había sido propuesto por el expresidente Néstor Kirchner.

Un día después del acuerdo con Mauricio Macri para que inicie un nuevo ciclo como presidente del PRO, Patricia Bullrich le hizo un pedido al exmandatario nacional. «Que sea un partido de cambio y no de continuidad, ni un partido de toma y daca», remarcó.

La ministra de Seguridad condujo al espacio hasta que tomó una licencia para enfocarse en la campaña para presidenta de la Nación en las elecciones del año pasado. Al asumir en el gabinete nacional de la gestión de Javier Milei, consideró «incompatible» el ejercicio de las dos funciones en simultáneo.

El diario británico The Economist analizó los primeros 100 días del gobierno de Javier Milei y aseguró que el mandatario puede «presumir de un verdadero éxito económico», sobre todo por el fin de la emisión monetaria y su regla de déficit cero, pero alertó sobre el incremento de la inflación, la pobreza y la recesión.

En el artículo, el periódico resaltó que «para demostrar que no habrá más impresión de dinero, Milei está obsesionado con lograr un superávit presupuestario». También mencionó la meta 2024 de superávit del 2% del PBI, a lo que consideró «un gran cambio con respecto al déficit del 3% del año pasado». Insistió en que «tanto en enero como en febrero, el Gobierno logró superávits mensuales, los primeros en más de una década».

El ministro del Interior, Guillermo Francos, cruzó al secretario General adjunto de Camioneros y cosecretario general de la CGT, Pablo Moyano, por sus amenazas de avanzar con paros sectoriales: «Hagan las huelgas que les parezca».

Francos criticó: «Llevamos tres meses de gobierno y (la CGT) hizo un paro general, hubo algunas medidas particulares, y hay amenazas todo el tiempo que pueden hacer otro paro general, pero miren, podrán hacer los paros que quieran, pero uno debería preguntarse: ¿Por qué nunca le pararon a un gobierno que llevó la inflación a más del 1000% en los cuatro años de gobierno?», en declaraciones a radio La Red.

Crece la polémica en torno a la pesca no autorizada dentro de la zona económica exclusiva de un barco de bandera argentina pero de fondos chinos y perteneciente a un importante empresario del gigante asiático. En la noche de ayer, el funcionario de Cancillería Pablo Ferrara Raisberg le presentó su renuncia a Diana Mondino.

De esta manera, Ferrara Raisberg es el segundo funcionario nacional que renuncia por este caso. Ayer lo había hecho Julián Suárez, que era director de Control y Fiscalización Pesquera y quien dejó su cargo denunciando, justamente, presiones de Ferrara Raisberg a favor de Liu Zhijiang, el empresario chino que es dueño del buque pesquero Tai An.

Tras la asunción de Mauricio Macri en el PRO, Javier Milei pone la mira en un frente electoral conjunto para las elecciones de 2025. Según pudo saber TN, el Presidente quiere llegar a un acuerdo para que no compitan por el mismo electorado y no descarta sumar a cuadros del partido amarillo a las líneas de Nación.

«La línea es ir juntos en 2025. Los que pensamos igual tenemos que integrar las mismas listas, así apuntamos para el mismo lado y no nos sacamos los votos», le expresó a TN un integrante de la cúpula del Gobierno.

El Gobierno, a través del ministro del Interior, Guillermo Francos, volvió a cruzar al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y comparó la fuerte suba del impuesto inmobiliario con la resolución 125 de retenciones móviles durante el kirchnerismo, en medio de la fuerte tensión por la «rebelión fiscal».

Francos dijo que el fuerte aumento en ese tributo en la provincia de Buenos Aires «es una especie de 125, pondrá a todos  los empresarios del agro bonaerense en pie de guerra por un impuestazo de estas características», en declaraciones a radio La Red.

El ministro del Interior dijo que «nunca hubo un acercamiento» con Kicillof: «Difícilmente encontremos un punto de acuerdo, queremos un país en libertad, desregulado, mientras que Kicillof quiere lo contrario, alta regulación, altos impuestos, no vamos a ponernos de acuerdo con eso, es difícil conseguir que pueda acompañar este proceso».

Por Marcos Novaro. El federalismo fiscal es una buena idea. Salvo que se use para que cada nivel de gobierno haga lo que se le cante, se multipliquen los impuestos que se cargan sobre las mismas actividades y personas, y se echen la culpa unos a otros, los funcionarios nacionales, provinciales y municipales, cuando los resultados se revelen desastrosos. Como sucede en nuestro caso, no de ahora, sino hace bastante tiempo.

Para que ese no sea el resultado, el federalismo bien entendido hace lo posible por lograr cierta «coordinación tributaria», que permita que tanto la nación como las provincias y municipios cobren los impuestos necesarios para sostener los bienes públicos a su cargo, sin ahogar a los contribuyentes, ni imponerles dobles o triples exacciones, ni darles señales contradictorias sobre las actividades que el sector público desea estimular, o las que busca desalentar.

La auditoría del Estado nacional que encargó la gestión de Javier Milei encontró irregularidades en los fondos fiduciarios bajo el ala de ministerios y organismos oficiales. Se trata de cajas multimillonarias sobre las que desde hace décadas hay pocos controles y muchas dudas. Una especie de caja negra de la política.

En este sentido, la revisión del estado de situación que llevó adelante la Casa Rosada detectó fondos sin auditar desde 2012, posibles conflictos de intereses entre los miembros de sus comités y hasta fideicomisos que destinan más dinero a sus propios gastos administrativos que a la tarea para la que fueron creados.

El Partido Justicialista realizará este viernes su primer Congreso partidario del año, en el microestadio de Ferro, con el recambio de autoridades como principal tema de agenda, pero con la mira puesta en 2025, primer desafío electoral del Gobierno de Javier Milei.

Una vez aceptado el pedido de licencia del actual presidente del PJ, Alberto Fernández, el planteo de una cada vez más grande fracción del peronismo es el de habilitar la convocatoria a internas para definir las nuevas autoridades, que -dicen- así tendrían mayor legitimidad.

Por Fernando Fraquelli. Ante el aumento desmedido de los casos de dengue, diputados opositores solicitaron citar al ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, a la Cámara de Diputados.

Fue la diputada radical, Carla Carrizo, la que presentó y fundamentó el pedido, ya que según el último informe epidemiológico, a la primera semana de marzo las provincias con más afectados de dengue son Buenos Aires, Chaco, Santa Fe, Formosa, Córdoba, Misiones, Corrientes, Tucumán y CABA.

Pese a que en las últimas horas aparecieron algunas dudas puertas adentro del PRO, Mauricio Macri será el nuevo presidente del partido. Tras una larga jornada de idas y vueltas, se cerró una lista de unidad. El exjefe de Estado había logrado amplios consensos dentro del partido y el respaldo de gobernadores e intendentes, pero se había trabado la negociación por el reparto de cargos.

Este martes se destrabó la cuestión y se decidió que tanto Macri como la actual titular del espacio, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, conservarán un tercio cada uno de los lugares de poder. Además, también tendrán un cargo cada uno: Mauricio presidirá el Consejo nacional del PRO, mientras que la funcionaria de Javier Milei quedará al frente de la Asamblea partidaria.

En una presentación conjunta ante el juez federal, Julián Ercolini, el Ministerio de Capital Humano y la ANSES pidieron ser querellantes en la causa que investiga los intermediarios de seguros durante la gestión de Alberto Fernández.

En su presentación conjunta, dichos organismos estatales (denunciantes en el caso también), aportaron testigos, solicitaron que «se perite la firma de Federico Alejandro D’Angelo Campos que surge de la nota cuya fotografía fue acompañada en el expediente oportunamente». Además, requirieron el juzgado que se realice una prueba pericial contable para evaluar el perjuicio económico del Estado por la maniobra de los brokers de NACION SEGUROS S.A.