Javier Milei volvió a poner el ojo en los fondos fiduciarios, una masa de recursos cercana a los $ 3 billones y que busca eliminar por considerarla parte de las «cajas negras» de la política. “Voy a hacer un decreto que elimine todos los fideicomisos, eso pone nervioso a muchos», disparó el Presidente el miércoles por la noche en una entrevista con LN+.
El Gobierno retomó la ofensiva después de la caída de la ley Ómnibus en el Congreso y el conflicto que estalló con los gobernadores la semana pasada. Uno de los puntos que trabó la aprobación fue el inciso «h» del artículo 4° del proyecto que le daba a Milei la facultad de “transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos».
Prácticamente, todas las administraciones echaron mano -o intentaron- sobre los fondos fiduciarios o fideicomisos. La razón es su poca transparencia, la falta de objetivos específicos y que en algunos casos terminaron funcionando como un mecanismo para apartar fondos públicos del debate parlamentario en detrimento de otras partidas, según los especialistas.
Los primeros fueron creados en 1995 durante la gestión de Carlos Menem al amparo de las privatizaciones y el ajuste fiscal mediante la cesión de acciones de YPF, del Banco Hipotecario, utilidades de Lotería S.E y créditos con el resto del mundo para asistir al sector financiero ante la amenaza de crisis económicas y habilitar el ingreso de capital privado al negocio de la infraestructura pública.
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Aceptó que dolarizar está «a tiro» aunque reveló pendientes para llevarlo a cabo. Y anunció que cerrará fideicomisos del Estado por decreto.
Luego, se sumaron los fondos financiados con la transferencia directa de fondos del Tesoro o a creación de un impuesto y la cesión de su recaudación para un fin específico (obra pública en infraestructura o vivienda, subsidios), mientras que hoy predominan aquellos que son financiados con transferencias de fondos del presupuesto de la administración nacional.
Así, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los fideicomisos pasaron de 15 en 2012 a 28 en 2023, con un mayor ritmo de crecimiento de los recursos desde 2018 durante la gestión de Mauricio Macri. Estos pasaron del 1,12% del PBI en 2012 al 2,08% en 2021, mientras los gastos se redujeron casi a la mitad, lo que generó una importante expansión de sus superávit financieros.
En el Presupuesto 2024 enviado por Sergio Massa en septiembre del año pasado al Congreso y que nunca fue tratado, para este año se proyectaban 29 fondos fiduciarios con recursos por $ 3 billones (cerca de 1,6% del PBI), más de la mitad financiados con transferencias del Tesoro y el resto con impuestos y rentas de la propiedad (intereses por créditos, inversiones y letras del Tesoro).
Esa masa de fondos equivale a unos US$ 3.000 millones, bastante menos que los US$ 20.000 millones estimados por Milei en las últimas horas, un cálculo donde incluiría además de los fideicomisos a 34 empresas estatales y entes autárquicos como la AFIP o el PAMI, según se encargó de precisar el diputado oficialista José Luis Espert. Aún así, el monto no deja de ser significativo.
Después de recortar transferencias, fondos educativos y del transporte a las provincias, Milei tiene a tiro ahora otro botón para presionar a los gobernadores, municipios y empresas que reciben subsidios de los fideicomisos. Como una parte importante de dichos fondos surge del Presupuesto, el ministro de Economía, Luis Caputo, es quien transfiere los recursos y tiene el poder de desfinanciarlos.
Los 9 fondos fiduciarios más relevantes:
1) Del Sistema de Infraestructura de Transporte (FFSIT). En 2001 se creó por decreto una tasa sobre el gasoil con el objeto de constituir un fideicomiso para proyectos de infraestructura y la eliminación o reducción de peajes, pero hoy se destina a subsidiar a las empresas de transporte de pasajeros (colectivos y trenes). Al tercer trimestre de 2023, recibió $ 458.000 millones.
2) PROCREAR. Creado por decreto en 2012, busca facilitar el acceso a la vivienda a través créditos hipotecarios y asistencia financiera. Al tercer trimestre de 2023, recibió $ 98.000 millones.
3) De Integración Socio Urbana (FISU). Se creó por ley y un decreto en 2019 para mantener la propiedad fiduciaria de la totalidad de los inmuebles identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) y de aquellos necesarios o convenientes para realizar obras de vivienda social en barrios populares entre municipios, provincias y organizaciones sociales. Al tercer trimestre de 2023, recibió $ 105.000 millones, en su mayoría provenientes del Impuesto PAIS.
4) Para la Vivienda Social. Fue creado por ley en 2017 para financiar los programas vigentes de vivienda social e infraestructura básica para hogares de escasos recursos, mediante un sistema de créditos individuales y/o colectivos. Al tercer trimestre de 2023, recibió $ 161.000 millones.
5) De Desarrollo Productivo (FONDEP). Una ley de 2018 dispuso facilitar el acceso al financiamiento de proyectos que promuevan la inversión o contribuyan al desarrollo de las cadenas de valor en sectores estratégicos para sostener actividades y empresas con elevado contenido tecnológico. Al tercer trimestre de 2023, recibió $ 160.000 millones.
6) De Garantías Argentino (FOGAR). El objeto de este fondo es otorgar garantías en respaldo de las que emitan las sociedades de garantía recíproca, y ofrecer garantías directas e indirectas, a fin de mejorar el acceso al crédito de las empresas que desarrollen actividades en el país. Al tercer trimestre de 2023, recibió $ 219.000 millones.
7) Para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas (FFGAS). Creado en 2001, su propósito es financiar compensaciones tarifarias para la Región Patagónica, el departamento de Malargüe de la Provincia de Mendoza y la Región conocida como «Puna», que las distribuidoras o subdistribuidoras zonales de gas natural y gas licuado de petróleo de uso domiciliario, deberán percibir por la aplicación de tarifas diferenciales a los consumos residenciales. Al tercer trimestre de 2023, recibió $ 78.000 millones.
8) Subsidios a Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo. Por ley en 2005, se dispuso para garantizar el acceso al Gas Licuado de Petróleo (GLP) envasado para usuarios de bajos recursos. Al tercer trimestre de 2023, recibió $ 61.000 millones.
9) De Desarrollo Provincial. Se constituyó por decreto en 1995 para asistir y financiar programas de desarrollo, incremento de la calidad de las prestaciones y fortalecimiento de los sectores de la economía real, educación, justicia, salud y seguridad y la consolidación de la situación fiscal y financiera. Asimismo, según la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto de 2014, asiste a las provincias y a CABA para la atención de los déficits financieros y regularizar atrasos de tesorería en concepto de salarios y servicios esenciales. Al tercer trimestre de 2023, recibió $ 127.000 millones.
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