Buscan optimizar las prácticas forestales y atraer nuevas inversiones al sector

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca busca optimizar las prácticas forestales y atraer nuevas inversiones al sector foresto-industrial, especialmente en los mercados internacionales de bonos de carbono.

Según el tablero de plantaciones forestales disponible en el sitio web de la Secretaría de Agricultura, en la Argentina existen en la actualidad 1.250.529 hectáreas (ha) de bosques cultivados (60,96% pinos; 25,94% eucaliptos; 6,46% sauces y álamos; 3,52% nativas y 3,11% especies varias).

El 84% de las plantaciones se concentran en las provincias de Corrientes (437.820 ha), Misiones (401.278 ha), Entre Ríos (128.648 ha) y Buenos Aires (81.654 ha).

Les siguen Neuquén, con 67.335 ha; Chubut, 37.235 ha; Córdoba, 21.950 ha; Río Negro, 14.922 ha; Jujuy, 14.739 ha; Santa Fe, 8.845 ha; Mendoza, 7.253 ha; Salta, 6.606 ha; Santiago del Estero, 6.219 ha; Chaco; 6.082 ha; Tucumán, 3.748 ha; Formosa, 3.060 ha; La Pampa, 1.086 ha; San Juan, 835 ha; La Rioja, 388 ha; Catamarca, 331 ha; San Luis, 315 ha; Santa Cruz, 176 ha; y Tierra del Fuego, 4 ha.

En este marco, Agricultura pondrá en marcha la plataforma Sistema Integrado de Reforestación (SIR), una aplicación webGIS, creada con software libre, destinada a brindar apoyo tanto a entidades públicas, nacionales, provinciales y municipales, como a profesionales del sector y a la ciudadanía en general, para llevar un registro sistemático de la distribución espacial de las plantaciones forestales en todo el territorio argentino incorporando información de alto valor, se detalló en un comunicado.

Allí, la información se almacenará en una base de datos geográfica y se presentará a través de un tablero de control que facilitará la visualización de mapas y gráficos temporales, lo cual posibilita monitorear de manera analítica y visual la evolución a lo largo del tiempo de las ha implantadas y la cantidad de carbono almacenado en las masas forestales, según los cálculos y estándares del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

«La plataforma SIR va más allá de una simple modernización del sistema de registro, pues este sistema integral no sólo moderniza, sino que también fusiona datos provenientes de diversas fuentes, enriqueciéndolos de manera significativa», sostuvieron fuentes de Agricultura consultadas por Télam.

En términos productivos, desde la Secretaría que conduce Fernando Vilella prevén que la plataforma SIR genere una «incidencia altamente positiva al impulsar mejoras significativas en la gestión sostenible de los bosques cultivados».

«La aplicación permitirá un monitoreo detallado y visual de las áreas de plantación, ofreciendo cálculos precisos sobre el almacenamiento de carbono en las masas forestales, así como proporcionando datos relacionados con el empleo generado y las inversiones realizadas en el sector, brindando así una visión integral y completa del impacto económico y laboral del sector forestal», abundaron.

El COS es un componente muy dinámico y clave para el funcionamiento de los ecosistemas (productivos o conservados) y servicios ecosistémicos que pueden brindar. La magnitud de carbono almacenado en el suelo, analizado de manera global, supera ampliamente al acumulado en la atmósfera y en la biomasa vegetal.

Entre sus beneficios, se destacan la reserva de nutrientes, mejora la estructura del suelo, actúa como gran almacén de carbono, promueve una mejora en el secuestro de carbono de las plantas, aumenta el almacenamiento de agua en el ecosistema, filtrado de agua y de compuestos potencialmente contaminantes

Esta herramienta «no sólo optimizará las prácticas forestales, sino que también abrirá oportunidades para atraer nuevas inversiones al sector foresto-industrial, especialmente en los mercados internacionales de bonos de carbono», señalaron desde Agricultura.

«Se busca impulsar la eficiencia productiva, generar empleo e inversión en el sector forestal, y así contribuir de manera significativa a los objetivos de la bioeconomía» En este sentido, se espera que la plataforma SIR «contribuya significativamente a promover una producción forestal más sostenible y eficiente, alineada con los estándares globales de mitigación del cambio climático y las expectativas de los mercados internacionales».

También se proyecta como una herramienta esencial para evitar la deforestación, alentando la preservación y el cuidado de los bosques argentinos, cultivados y nativos, iniciativa que se alinea estratégicamente con las demandas actuales de los mercados internacionales y las pautas establecidas por la Unión Europea en relación con productos que no provengan de áreas deforestadas.

«Se busca impulsar la eficiencia productiva, generar empleo e inversión en el sector forestal, y así contribuir de manera significativa a los objetivos de la bioeconomía», concluyeron desde Agricultura.

La instalación de la plataforma SIR será digital, alojada en los servidores informáticos de la Secretaría, y podrá visualizarse a través del sitio web de la Dirección de Producción Forestal.

Ley «Bases» y mercado de carbono: piden «contar con seguridad jurídica para atraer inversiones»

El proyecto de Ley de «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» impulsado por el Gobierno nacional faculta en sus artículos 320 a 324 al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) a generar un sistema de comercio de emisiones, y en referencia a ello desde la Mesa Carbono Forestal Nacional (MCFN) consideran «preciso contar con seguridad jurídica para atraer inversiones».

«Es necesario que un mercado regulado de carbono contenga normas que den claridad y certidumbre sobre aspectos clave para el desarrollo y comercialización de proyectos, como otorgar seguridad jurídica sobre propiedad o titularidad de los créditos de carbono generados por proyectos desarrollados en Argentina, facilitar su libre comercialización definiendo y delimitando el ámbito de intervención gubernamental, y garantizar la transparencia en las transacciones», explicó Juan Pedro Cano, coordinador de MCFN en un comunicado.

Agregó que «es preciso contar con seguridad jurídica para atraer inversiones que permitan desarrollar proyectos a distintas escalas y e impacto ambiental, social y económico, especialmente de captura y reducción de emisiones que puedan complementar modelos productivos actuales por parte de pequeños y medianos titulares de tierras, y traccionar proyectos de gran escala que probablemente no se realicen».

Según dicha entidad, en el país se desarrollan proyectos de carbono forestal desde hace más de 15 años en diferentes regiones y con distintos tipos de abordajes, y ya se registran proyectos por una superficie de más de 400.000 hectáreas (ha), casi 20 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires (20.300 ha).

Si se implementan estos proyectos, podrían capturarse y prevenir emisiones por un total aproximado de 50 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), más del 60% de la meta de reducciones de emisiones a 2030 establecida por la Argentina en su Plan Nacional de Bosques y Cambio Climático.

En este sentido, la Ley «Bases» da la facultad al PEN a asignar derechos de emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a cada sector y subsector de la economía compatibles con el cumplimiento de las metas para 2030.

Esto se haría mediante límites anuales y derechos de emisiones, al tiempo que se posibilita establecer un mercado de derechos de emisión de GEI, en el cual quienes hayan excedido su meta puedan, a su vez, vender los servicios a aquellos que los necesiten para lograr su objetivo y evitar la penalización.

Al respecto, Cano consideró que «tal como está hoy la Ley sólo se enfoca en sectores y actividades ‘emisoras’ pero no prevé la posibilidad de compensar con créditos de carbono provenientes de proyectos ‘externos’ a las actividades obligadas a reducir, como proyectos de carbono forestal o del agro».

«A nivel internacional, las iniciativas proactivas desde el Estado para el impulso de mercados de carbono ‘regulados’ han generado impactos interesantes no solo en reducción de emisiones, sino también en conservación, manejo sustentable y restauración de ecosistemas», abundó.

«La propuesta impulsada por el PEN busca promover límites y reducciones de emisiones de GEI, pero no prevé compensaciones de emisiones, lo cual es usual, al menos por un período de tiempo o hasta cierto porcentaje de las emisiones reguladas, de modo de dar previsibilidad y flexibilidad a los sectores obligados» apuntan desde la entidad.

En este sentido, la MCFN cree que la propuesta puede ser muy interesante no sólo para limitar y reducir emisiones de GEI, sino también para promover el desarrollo de proyectos de carbono en el país que puedan aportar a los procesos de reducciones de emisiones que se procura.

Para ello, -sostienen- «es necesario se incluya de manera expresa un mecanismo de flexibilidad para el cumplimiento de las reducciones de emisiones que se establezcan, mediante la posibilidad de presentar reducciones por créditos de carbono, por cierto período de tiempo o sobre un porcentaje de las emisiones a limitar y reducir».