El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala ha suspendido provisionalmente la personalidad jurídica de la formación política Movimiento Semilla, liderada por Bernardo Arévalo, que ganó las elecciones el pasado 20 de agosto tras obtener cerca del 60 por ciento de los votos.
El encargado del Registro de Ciudadanos, Ramiro Muñoz, ha accedido a suspender al partido político argumentando que ya se ha celebrado la segunda vuelta electoral, después de que la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo indicaran que no se podía suspender después de la convocatoria electoral y hasta finalizar los comicios.
Muñoz sostiene que esta medida «no afecta ni deja en suspenso» los resultados electorales, según reza el auto, pese a que la decisión se ha tomado minutos antes de que el TSE haya oficializado los resultados de la segunda vuelta.
La presidenta de la autoridad electoral, Irma Palencia, ha indicado en una rueda de prensa en la que ha confirmado la victoria de Arévalo sobre su rival, la candidata de Unidad Nacional de la Esperanza Sandra Torres, que obtuvo el 39,9 por ciento de los votos, que desconocía la decisión del Registro de Ciudadanos. «Las elecciones son esenciales para fortalecer los valores, garantizar la transición a la democracia, son elementos esenciales. Los resultados de las elecciones se determinan en las urnas, por ello, es importante respetar los resultados y la decisión de los guatemaltecos», ha declarado Palencia.
Según la Fiscalía, el partido político habría cometido un delito de lavado de dinero u otros activos, puesto que pagó alrededor de 175.000 quetzales guatemaltecos (alrededor de 20.200 euros) por las firmas recolectadas que necesitaba para constituirse.
Semilla puede apelar esta orden y sería el TSE el que resolvería la apelación. Si este confirmara la suspensión, la formación podría recurrir a través de un amparo al Tribunal Supremo de Justicia y, posteriormente a la Corta de Constitucionalidad.
Desde que Semilla consiguiera unos resultados sorprendentes -en comparación con lo que auguraban los sondeos- en la primera vuelta electoral, celebrada el 25 de junio, el Ministerio Público guatemalteco ha tomado numerosas acciones para inhabilitar los resultados o ilegalizar la formación política, acciones que han recibido la condena de la comunidad internacional.