La transferencia de 41 hectáreas de la estación experimental de Cerrillos (Salta) para un plan de viviendas generó un fuerte debate. Entidades rurales de esa provincia y la Fundación Barbechando manifestaron un fuerte enojo.
26 de agosto 2023, 16:35hs
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La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyecto para transferir 41 hectáreas de la estación experimental de INTA Cerrillos (Salta) a un plan de loteo provincial.
La iniciativa del diputado nacional Lucas Godoy (FDT-Salta) generó fuertes críticas desde el campo. Desde la Fundación Barbechando, se hizo hincapié en la vitalidad del INTA en investigación, desarrollo y extensión, y explicaron que “se observa con gran inquietud este tipo de aprobaciones, al percibir un posible menoscabo en la oportunidad de vincular el mundo rural con las ciudades y la educación”.
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Además, la Federación de Entidades Rurales Salteñas (Federsal), la Sociedad Rural Salteña y la asociación Prograno se han pronunciado enérgicamente, acusando al legislador de ignorar por completo el trabajo del INTA en la provincia y comparándolo con un “burro” en su comunicado titulado “Qué se puede esperar de un burro, sino una patada”.
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Suscribite acáEl INTA, como organismo técnico de reconocido prestigio y renombre mundial, es considerado una política pública trascendental en el sector, y su papel es vital en el desarrollo agrícola y rural. Ante esta coyuntura, desde Barbechando se instó a los diputados nacionales a rechazar este tipo de iniciativas que parecen entrar en conflicto con la posición y el valor que ostenta el INTA.
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Se subrayó la importancia del desarrollo, conocimiento y aprendizaje en la promoción de una agricultura sostenible. Aunque estas tensiones no son inéditas, habiendo ocurrido intentos similares en Catamarca y Salta, la defensa de la entidad como eje del desarrollo nacional persiste como prioridad.
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“Barbechando continuará su defensa en favor de un organismo fundamental como el INTA, vital para el progreso de Argentina y su sector agrícola”, expresaron en un comunicado.
La posición de las entidades rurales de Salta
El conflicto resalta las diferencias entre la política y el campo y en este caso tiene en el centro de la escena al diputado salteño Godoy, cuyo proyecto busca redirigir 41 hectáreas pertenecientes al INTA Cerrillos de Salta para ser destinadas al plan de viviendas “Mi Lote”.
El legislador, quien lidera la comisión de Legislación General de la Cámara Baja, defiende su proyecto argumentando que las tierras no están siendo utilizadas para el propósito del INTA y que no se trata de una expropiación, sino de una transferencia gratuita para un programa de viviendas estatales.
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Sin embargo, los críticos consideran que esta propuesta revela una falta de comprensión profunda de la importancia del trabajo agrícola en la economía de Salta y cuestionan la lógica detrás de la decisión, argumentando que priorizar el déficit habitacional sobre la producción agropecuaria es un enfoque ideológico más que una solución práctica.
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“Una vez más, hace oídos sordos al pedido que desde tiempo atrás venimos realizando los productores y el personal de dicho Instituto, respecto a dejar de lado este despropósito”, enfatizaron.
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Agregaron que “una vez más, desconoce que la producción agropecuaria es el principal motor de la economía provincial; una vez más busca rédito político en tiempos electorales en vez de ocuparse de los gravísimos problemas que vivimos todos los argentinos por culpa de un gobierno nacional inepto al que él pertenece y defiende y, una vez más, busca sacar ventaja en medio de la confusión”.
La tensión aumenta debido a que el proyecto también implica que el Gobierno provincial ceda un terreno en El Galpón al INTA, aunque las entidades rurales sostienen que estas tierras son improductivas y ya están habitadas.
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En medio de estas disputas, las entidades Prograno, Sociedad Rural Salteña y Federsal están solicitando a los legisladores nacionales por Salta que intervengan para bloquear la aprobación del proyecto en el Congreso Nacional y evitar lo que consideran una decisión perjudicial para el sector agroindustrial y la economía local.