En un plenario de las comisiones de Finanzas y Defensa de la Competencia, bloques opositores intentan consensuar un dictamen de minoría para crear una línea de crédito de la Anses destinada a jubilados, trabajadores, monotributistas y beneficiarios de programas sociales. El oficialismo, con aliados, avanza en un texto alternativo centrado en transparencia y educación financiera.
El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados enfrenta este martes un nuevo debate en un plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa de la Competencia, ambas con mayoría libertaria, sobre morosidad y endeudamiento familiar.
La reunión comenzó pasadas las 14. El oficialismo confía en avanzar con un dictamen de mayoría con el respaldo de Pro y la UCR. En paralelo, el peronismo de Unión por la Patria (UP), sectores de Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y bloques provinciales trabajaban para confluir en un dictamen de minoría, con el objetivo de llevar el tema al recinto la semana próxima, según informaron fuentes parlamentarias.
Desde los bloques críticos manifestaron su intención de convocar a una sesión especial el 7 de octubre, en la que algunos sectores podrían insistir con la prórroga de la emergencia en discapacidad. El Gobierno intenta dilatar ese debate hasta después del tratamiento del Presupuesto.
En materia de morosidad, los números están ajustados. El peronismo logró condensar en un borrador los casi 50 proyectos que circulaban, pero aún busca el aval de aliados que podrían definir la votación. Es el caso de Argentina Federal, el bloque comandado por el exgobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad, que evaluaba esta tarde avanzar con un dictamen propio. No obstante, en el recinto podría inclinarse por apoyar la iniciativa opositora.
El proyecto de la oposición apunta a crear una línea de crédito directa de la Anses destinada a jubilados, trabajadores, monotributistas y beneficiarios de programas sociales. El objetivo declarado es que los consumidores puedan cancelar deudas contraídas con tarjetas y otros proveedores no financieros de crédito y reemplazarlas por un financiamiento en condiciones «menos perniciosas».
La iniciativa contempla préstamos de hasta $1,5 millones, «en condiciones normales de mercado», y establece que la relación entre la cuota y los ingresos del beneficiario no podrá superar el 30%.
«Estamos ante un dictamen que nos costó muchísimo trabajo, porque había 50 proyectos dando vuelta, pero es un régimen de regularización y de alivio financiero puntual. Por 180 días se declara la emergencia por esta situación. Puntualmente, van a poder adherir personas que adeuden hasta 3 canastas básicas totales», precisó Pablo Juliano, de Provincias Unidas.
En el oficialismo, mientras un sector de LLA abordaba la crisis en discapacidad y la contención de los aliados, otro, a cargo de la diputada Silvana Giudici, terminaba de delinear un borrador que no incluye en su abordaje la cuestión del desendeudamiento ni una propuesta de refinanciamiento por parte de bancos y fintech.
Algunos libertarios sostienen que cuentan con el aval de sus aliados históricos y que en una eventual sesión tendrían los números para aprobar su propio proyecto. Diputados de varios bloques calificaron el texto oficial como «ultra lavado» y «la nada misma».
Según fuentes de LLA, la iniciativa busca «darle más transparencia a la información financiera, desagregar bien los costos financieros, las tasas y la cuestión impositiva para que el consumidor sepa lo que va a pagar». Además, incorpora capítulos de educación financiera y digital, junto con herramientas para facilitar el control y el manejo de la cartera de préstamos de cada cliente.
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