El gobierno de Pedro Sánchez acordó un conjunto de medidas para proteger a los inquilinos frente a los desalojos hasta 2030 y extender la prórroga de alquileres hasta 2028. El proyecto se votará este viernes en el Congreso de los Diputados e incluye la regulación del alquiler de temporada.
El gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez, acordó un conjunto de medidas para proteger a los inquilinos frente a los desalojos hasta 2030 y extender la prórroga de alquileres hasta 2028. El proyecto se votará este viernes en el Congreso de los Diputados e incluye la regulación del alquiler de temporada.
El plan, impulsado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar, incluye la regulación del alquiler de temporada y la prohibición de la compra de fondos buitre hasta 2028.
Se trata de dos Decretos Leyes de vivienda, tras un consenso del PSOE y Sumar, para «dar respuesta a las demandas de la ciudadanía y avanzar en derechos», según indicó El País.
Las medidas se votarán en un pleno extraordinario del Congreso este viernes y, con apoyo del Consejo de Ministros, incluyen la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030, la regulación del alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra de fondos buitre hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras cuestiones.
A su vez, se llegó a otro acuerdo para la renovación automática de los alquileres, que irá en un segundo real decreto. La portavoz del partido catalán Junts, Miriam Nogueras, acusó este martes a Sumar de «dejar a la intemperie al pequeño propietario» en la negociación para el decreto de vivienda que están abordando en estos momentos los socios de Gobierno. Mientras, miles de manifestantes esperan en las acampadas de la Puerta del Sol de Madrid y otras ciudades para conocer cuáles son las medidas aprobadas.
Nogueras arrojó que «es el momento de intervenir el mercado especulativo de la vivienda y empezar a equilibrar la balanza entre ciudadanía y fondos buitre».
Por otro lado, la gestión de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad madrileña, apuntó contra los acampes por intervenir en la vida de los ciudadanos. Su portavoz Miguel Ángel García Martín instó al gobierno de Sánchez a desalojar a los jóvenes que están en la Puerta del Sol ya que «los madrileños están sufriendo una acampada ilegal».
«Del lado del sanchismo, del Ministerio del Interior, no están haciendo absolutamente nada. Se están generando importantes perjuicios a los vecinos y a los comerciantes», sumó García Martín y adelantó que desde la gestión de Ayuso enviaron «un requerimiento al delegado del Gobierno para que en un plazo de 48 horas dé instrucciones oportunas» para desalojar.