La senadora indígena colombiana Martha Peralta, del partido izquierdista Pacto Histórico, solicitó este lunes al Gobierno de Estados Unidos que informe formalmente los motivos de la revocación de su visa estadounidense, decisión que dijo haber conocido a través de los medios de comunicación.
Bogotá, 28 sep (EFE).- La senadora indígena colombiana Martha Peralta, del partido izquierdista Pacto Histórico, pidió este lunes explicaciones al Gobierno de EE.UU. por la revocación de su visa estadounidense, que dijo haber conocido por los medios de comunicación al no haber recibido una notificación formal.
«Iniciaré las acciones institucionales y administrativas pertinentes ante la Cancillería, ante la Embajada (de EE.UU. en Bogotá) y ante el mismo Gobierno de los Estados Unidos para que se me informe de manera formal cuáles fueron los argumentos para dicha decisión», expresó Peralta en un video publicado en redes sociales.
En junio pasado, la senadora opositora compareció ante la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la estatal Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La senadora, que hace parte de la comunidad indígena wayúu, del norte del país, es investigada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema dentro del entramado de corrupción que salpicó a la UNGRD, una entidad que, según la Fiscalía y los testimonios de exdirectivos de la entidad, desvió millonarios recursos públicos mediante la adjudicación irregular de contratos.
«En los últimos meses he enfrentado señalamientos desde distintos sectores y ataques constantes en redes sociales. Confío en que esas versiones no se confundan con hechos probados», expresó hoy Peralta.
El Departamento de Estado, por su parte, señaló que revocó los visados de Peralta y otros altos funcionarios de Bolivia y Perú, a los que acusa de «corruptos» y de «socavar gobiernos elegidos democráticamente».
La orden restringe el acceso a Estados Unidos a la mayoría de estos ciudadanos y de sus familiares directos en virtud de la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad al considerar que «atentan contra un gobierno democráticamente elegido mediante actividades de corrupción o narcotráfico en la región».
Además de Peralta, la medida aplica también para el empresario Eucluides Antonio Torres, quien fue uno de los financiadores de la campaña presidencial que llevó al izquierdista Gustavo Petro al poder en 2022.
«El mensaje del presidente Trump y del secretario (Marco) Rubio es claro: los funcionarios corruptos y los criminales a quienes protegen no son bienvenidos en Estados Unidos», concluyó el comunicado del Departamento de Estado.
Al respecto, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, señaló que «la lucha contra la corrupción, cáncer de la Patria, es una bandera» con la que están comprometidos su país y Estados Unidos.
«Los inescrupulosos que defraudan al pueblo no pueden seguir disfrutando de sus pillajes, moviéndose libremente por el continente ni paseando con sus familias, mientras las sociedades a las que han desfalcado ven a sus niños sufrir desnutrición y falta de agua, y vivir en la miseria», añadió De la Espriella sobre la decisión de EE.UU.