El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA registró un aumento de la pobreza tras alcanzar un mínimo de 26,9% en el tercer trimestre de 2025. La indigencia se ubicó en 7,5%. Especialistas cuestionan la metodología oficial y estiman valores superiores al 40%.
Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, la pobreza aumentó durante el primer semestre de 2026. Para el INDEC, alcanzó al 32,3% de las personas, mientras que la indigencia llegó al 7,5%. Esto representa subas de 4,1 y 1,8 puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2025.
Para el Observatorio, el dato más significativo no es solamente el nivel alcanzado sino el cambio de tendencia: después de tocar un mínimo de 26,9% en el tercer trimestre de 2025, la pobreza comenzó a crecer hasta llegar al 34,6% en el segundo trimestre de 2026.
Este dato encierra una paradoja respecto al programa del gobierno de Javier Milei. La inflación baja, pero la pobreza vuelve a subir. Hasta ahora, ambas variables parecían moverse en la misma dirección: cuanto más descendían los aumentos de precios, más retrocedía la pobreza. Esa relación parece haberse quebrado.
La lucha contra la inflación fue, desde el comienzo, uno de los ejes centrales del programa de Javier Milei como herramienta fundamental también para reducir la pobreza. Su diagnóstico ubicó en la emisión monetaria y el déficit fiscal el origen del problema y planteó como objetivos el “déficit cero”, la eliminación de la emisión y, finalmente, el cierre del Banco Central. Su mantra: “La inflación es un fenómeno monetario”.
La lógica parecía sencilla: terminar con la inflación era una condición necesaria para recuperar los ingresos y, con ellos, reducir la pobreza. Si la estabilidad monetaria era el medio para mejorar las condiciones de vida, ¿qué ocurre cuando ese medio deja de producir el resultado esperado?
El peligro es que aquello que era entendido por la población que votó a Milei como un flagelo a combatir para mejorar la vida de las personas termine convirtiéndose en un objetivo en sí mismo e incluso comience a empeorar las condiciones de vida: una economía puede tener mejores números monetarios y, al mismo tiempo, no estar consiguiendo sacar a la gente de la pobreza.
Se puede ganar una batalla contra la inflación sin haber ganado todavía la batalla contra la pobreza. Que los precios dejen de correr no significa automáticamente que los ingresos sean suficientes, que haya más empleo de calidad, que aumenten los salarios o que una familia pueda pagar el alquiler, las tarifas y la comida sin sacrificar alguna de esas cosas. Dependiendo del diseño del plan antiinflacionario, cuando son recesivos reducen los ingresos de la mayoría de la población.
La experiencia internacional sugiere que bajar la inflación y reducir la pobreza no son exactamente la misma tarea. Polonia ofrece una comparación particularmente interesante para la Argentina: durante décadas combinó crecimiento, mejoras de productividad, mayor participación laboral, educación y aumento de los salarios. El Banco Mundial señala que en Polonia entre 2005 y 2014 los ingresos crecieron en toda la distribución y la pobreza cayó de manera pronunciada, y destaca que el crecimiento de los ingresos laborales fue el principal factor detrás de esa reducción. La estabilidad de precios puede impedir que los ingresos pierdan rápidamente poder adquisitivo, pero otra cuestión es lograr que esos ingresos aumenten de manera sostenida.
Hay otras experiencias que muestran que no existe un único mecanismo para reducir la pobreza. Irlanda combina una economía abierta y fuertemente integrada a la inversión internacional con un Estado capaz de redistribuir una parte importante de los ingresos generados por el mercado. Según la OCDE, su sistema de transferencias llegó a ubicarse entre los más redistributivos de los países desarrollados. Finlandia y los países nórdicos articularon altos niveles de participación laboral y productividad con educación, salud y servicios públicos universales, además de un sistema tributario y de transferencias que reduce considerablemente la desigualdad generada por el mercado. Chile ofrece una experiencia latinoamericana diferente: durante décadas combinó crecimiento, apertura económica, expansión del empleo y políticas sociales focalizadas, consiguiendo una reducción muy importante de la pobreza, aunque sin eliminar problemas persistentes de desigualdad y vulnerabilidad.
Probablemente el caso más interesante para pensar la Argentina sea el de Polonia. Después de la transición del régimen comunista, el país consiguió sostener durante un período prolongado un crecimiento elevado de los ingresos por habitante, acompañado por inversión, aumento de la productividad, educación, mayor participación laboral y crecimiento de los salarios. El Banco Mundial señala que el principal motor de la reducción de la pobreza fueron los mayores ingresos provenientes del trabajo, mientras que la asistencia social funcionó como complemento y no como sustituto de ese proceso.
Son caminos diferentes, incluso con modelos económicos y Estados de bienestar muy distintos, pero tienen algo en común: la reducción de la pobreza no depende exclusivamente de que los precios dejen de subir. También depende de qué ocurre con el empleo, los salarios, la productividad, la educación, la inversión y la capacidad del Estado para redistribuir y garantizar determinados servicios. La estabilidad de precios puede modificar rápidamente el poder de compra de un ingreso; pero la estructura productiva determina, en buena medida, cuánto puede crecer ese ingreso de manera sostenida.
Sin embargo, la cifra oficial de pobreza también está en discusión. Especialistas y centros de estudios cuestionan varios aspectos metodológicos de la medición y sostienen que, al ponderar dentro de la canasta familiar correctamente el peso de los servicios públicos, que aumentaron mucho más que la inflación, el nivel de pobreza podría ser considerablemente mayor. La consultora Equilibra, por ejemplo, estimó que durante el primer semestre de 2026 habría alcanzado el 44,9% de la población.
Si se toma como referencia la última medición de la UCA anterior a la llegada de Milei al Gobierno, el tercer trimestre de 2023 registraba una pobreza del 44,7% y una indigencia del 9,6%. La pobreza de Milei, ponderando correctamente el precio de los servicios públicos, que durante su gobierno aumentaron por encima de la inflación, sería la misma que la peor de Alberto Fernández en el último trimestre de su gobierno.
La Canasta Básica Total todavía se construye con patrones de consumo de 2004/2005, que quedaron desactualizados frente al mayor peso actual de los servicios. Si se aplicaran los hábitos de consumo relevados en 2017/2018, el ingreso necesario para superar la línea de pobreza sería mayor. El director del INDEC, Marcos Lavagna, renunció porque no se lo dejó aplicar.
Además, ayer el Senado convirtió en ley la reforma del régimen de Zona Fría, que ya tenía media sanción de Diputados. La votación terminó 38 votos a favor y 8 en contra, con 26 senadores ausentes; la mayoría de Unión por la Patria se retiró del recinto y no participó de la votación. El radicalismo votó dividido.
La reforma restringe el subsidio general al gas a la Patagonia, Malargüe y la Puna, y elimina el beneficio automático que desde 2021 alcanzaba a numerosas localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y otras provincias. Según las estimaciones difundidas durante el tratamiento, alrededor de 1,6 millones de usuarios dejarán de contar con el descuento universal y deberán cumplir criterios socioeconómicos para acceder a una compensación.
La reforma también puede tener consecuencias sobre la pobreza, porque la reducción o pérdida del beneficio se traducirá en mayores tarifas de gas para numerosos hogares. El impacto de la reforma de la Zona Fría podría terminar profundizando el deterioro de las condiciones de vida y presionando aún más sobre los niveles de pobreza.
Equilibra también cuestiona la forma en que la Encuesta Permanente de Hogares registra los ingresos, especialmente en contextos de alta inflación, aunque reconoce que nuevas preguntas incorporadas a la encuesta permitieron captar mejor los ingresos como pensiones y asignaciones. A esto se suma una observación del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la evolución de los salarios de los trabajadores no registrados, que desde 2024 se habría alejado de la trayectoria del salario mínimo. Con esa corrección, CEPA estima una pobreza del 40% y una indigencia del 12,3% para el primer semestre; si además se actualizara la canasta de consumo, la pobreza podría ubicarse en torno al 43%, nuevamente la misma del último trimestre de 2023 antes de que Milei asumiese.
Milei ha dicho en reiteradas ocasiones que su gobierno había sacado a 14 millones de personas de la pobreza y que la “foto” seguía siendo mala, pero que la “película” era la mejor de la historia. Esa comparación toma como referencia el máximo de pobreza registrado en 2024, después del fuerte salto inflacionario y la devaluación inicial de su propia gestión, y no simplemente la situación existente al momento de asumir. Ahora esa película tiene un nuevo capítulo: la pobreza volvió a aumentar.
El verdadero examen de una política contra la pobreza no debería ser cuántas personas dejaron estadísticamente de ser pobres en el punto más alto de una crisis, sino cuántas pueden dejar de serlo de manera permanente. Cuál es el plan a largo plazo para solucionar este flagelo de la sociedad.
La pobreza que baja porque los precios dejan de correr es una mejora importante; la pobreza que baja porque aumentan de manera sostenida la productividad, los salarios, el empleo formal y las oportunidades económicas es otra cosa. El desafío para Milei, entonces, no sería ni siquiera poder decir que la pobreza cayó, sino demostrar un programa o un modelo que evita que vuelva a subir y consiga finalmente perforar ese núcleo estructural que, como señala la UCA, permanece cercano al 30% de los argentinos.
Producción de texto e imágenes: Facundo Maceira