Omar Padilla, juez de menor cuantía de Las Lomitas, dispuso la pena para Micaela Urdinez, Lautaro Guillamondegui, Joaquín Rajadel y Javier Corbalán por violar el artículo 73 del Código de Faltas provincial. La multa sustitutiva es de $282.550 para cada uno. Los enviados especiales habían realizado entrevistas y filmaciones en la Comunidad San José el 15 de septiembre de 2025.
Un juez de Formosa dispuso cinco días de arresto, sustituibles por una multa de $282.550 para cada uno, para los periodistas Micaela Urdinez, Lautaro Guillamondegui, Joaquín Rajadel y Javier Corbalán, enviados especiales de LA NACION. La condena fue dictada por Omar Padilla, juez de menor cuantía de Las Lomitas, quien consideró a los cuatro responsables de violar el artículo 73 del Código de Faltas de Formosa por haber desarrollado una actividad sin contar con la autorización previa y por carecer de un carnet para ejercer el periodismo.
El hecho inicial ocurrió el 15 de septiembre de 2025, cuando el equipo del proyecto Hambre de Futuro, de Fundación LA NACION, arribó a la localidad de Las Lomitas con el objetivo de visitar las comunidades originarias nivaclé de San José y El Algarrobal, junto a la Asociación para la Promoción de la Cultura y del Desarrollo (APCD).
Guillermo López, cacique de la comunidad San José, recibió a los periodistas en una asamblea comunitaria. «Siempre esperamos gente que viene de lejos, me gusta conocerlos y charlar un rato», declaró López. Con él, el equipo grabó durante un día completo. LA NACION realizó entrevistas con el cacique, su mujer, su hija y su nieta, que integran el documental de Hambre de Futuro sobre la realidad del pueblo nivaclé, emitido en LN+ y disponible en YouTube.
El 19 de septiembre, según la causa, el mismo cacique radicó una denuncia contra los enviados especiales por haber alterado el orden público y por no haberse retirado de la comunidad cuando él lo había solicitado. Los periodistas sostienen que esos hechos no ocurrieron.
Cuando el equipo regresaba en su camioneta tras el día de trabajo, fue detenido cerca de la entrada a Lamadrid, lugar de hospedaje de los enviados, en un control policial donde estaban el jefe del destacamento y una persona de civil no identificada. Los efectivos les informaron que debían ingresar a la comisaría para notificarlos de una denuncia. Cuatro personas de civil manejaban el operativo. Una de ellas, que se identificó como Hugo pero se negó a dar su apellido, se acercó a la camioneta y dijo: «El hecho es que ustedes publicaron en Instagram que el gobierno de Formosa no los reconoce como pueblo. Y les vuelvo a explicar que ya está reconocido porque el gobierno ya les dio documentos y acceso a la salud, a la educación y tienen los mismos derechos que los otros», en referencia a las comunidades originarias.
En la comisaría, después de dos horas de discusiones, el equipo acordó con la policía que sacaran las mesas afuera del destacamento y leyeran en voz alta la acusación. Cuando los enviados pidieron tomar una foto al documento que estaban firmando, las autoridades se negaron.
Urdinez consultó a López sobre la denuncia y el cacique respondió que no sabía de qué le estaba hablando. Alguien de la comunidad contó luego que la policía había ido la noche anterior y que se lo habían llevado solo al destacamento. La cronista preguntó entonces si le habían hecho firmar algún papel o documento. «Sí, pero yo no sabía qué era», respondió López, que además desconocía los apellidos de los enviados y sus números de documento, que figuraban en la denuncia.
En noviembre de 2025, Urdinez, Corbalán, Guillamondegui y Rajadel declararon ante el juez Padilla de manera virtual para dar su versión de los hechos: el gobierno de Gildo Insfrán había orquestado una denuncia falsa para amedrentar al equipo periodístico e interrumpir su tarea, y López había participado de la cobertura y firmado un documento que desconocía.